El PSOE ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el documento en el que se recogen los argumentos del recurso contra el plan Rabasa y en el que solicita al tribunal que anule esta actuación urbanística. Entre los argumentos esgrimidos se incluye que el plan es "nulo de pleno derecho por no haberse sometido a evaluación ambiental, no se justifica el crecimiento urbano que propicia, se infringen numerosos preceptos urbanísticos y se ha tramitado al margen del Plan general de ordenación Urbana".
Se da la circunstancia de que la aportación de este documento, cumpliendo así el trámite de presentación de la demanda, se ha hecho apenas unos días antes de que el TSJ decidiera levantar la suspensión cautelar del plan Rabasa que había acordado en diciembre pasado. En esta demanda, el PSOE también pide la paralización cautelar del plan Rabasa hasta tanto se pronuncie la sentencia sobre el fondo del asunto, por lo que se confía en que el tribunal vuelva a paralizar esta actuación urbanística, ahora apoyada en argumentos distintos a los que motivaron la suspensión ahora levantada.
La demanda la suscriben el grupo de las Cortes valencianas, con Ángel Luna al frente, así como el grupo municipal dirigido por Roque Moreno. En la misma se solicita al TSJ que anule la aprobación definitiva, llevada a cabo por el conseller de medio Ambiente el 5 de mayo de 2009, del plan parcial denominado oficialmente "Lagunas de Rabasa".
Uno de los argumentos más contundentes de la demanda del PSOE se centra en que el Plan Rabasa es nulo de pleno derecho porque, según el documento, no se sometió a un proceso de evaluación ambiental durante su elaboración, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Tal circunstancia, añade el PSOE, vulnera la Ley al respecto del 28 de abril de 2006.
Otro argumento fundamental de la demanda es que el plan Rabasa "supone una modificación sustancial del modelo de evolución urbana y ocupación del territorio establecido por el Plan General en vigor, por lo que en modo alguno un simple plan parcial, aunque sea de aprobación autonómica, puede amparar esta actuación". Para el PSOE este actuación urbanística "exige la revisión previa del Plan General realizada con las debidas garantías sustantivas y procedimentales"".
También aduce el PSOE que el plan "no contiene una justificación suficiente de las necesidades concretas y reales de la población", cuyo crecimiento es "desmesurado" y se opone a "los principios de la normativa urbanística de la Comunidad, como el de la utilización racional de los recursos naturales".
Finalmente, el PSOE también hace alusión al argumento de no acreditarse la existencia de agua suficiente para atender la demanda de las 13.500 viviendas y alrededor de 40.000 habitantes.
