Las familias recurren al pago aplazado de tributos locales para esquivar los embargos

Las peticiones de ciudadanos para que Suma les fraccione los abonos de impuestos municipales  se multiplican por 50 en los dos últimos años

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Entrada de una de las oficinas del Suma, el organismo de gestión tributaria de la Diputación Provincial.
Entrada de una de las oficinas del Suma, el organismo de gestión tributaria de la Diputación Provincial.  isabel ramón

Pere Rostoll Con el agua al cuello. A muchas familias acuciadas por el impacto de la crisis económica no les ha quedado otra salida que recurrir al abono fraccionado de los impuestos locales, el último asidero al que agarrarse para evitar los apremios y los embargos de bienes por impago. Las peticiones registradas por Suma -el organismo tributario de la Diputación que gestiona impuestos de las 141 localidades de la provincia- para desembolsar a plazos las tasas municipales se han multiplicado por 50 durante los dos últimos años y llevan camino, datos en la mano hasta finales del pasado mes de junio, de volver a dispararse en 2010. La entidad dependiente de la institución provincial ha optado por ampliar los planes que permiten flexibilizar las condiciones de pago con el fin de esquivar las reclamaciones por vía judicial.
"Esta situación marca un hecho objetivo: la importancia de la crisis y nuestra voluntad de tratar de facilitar las cosas", apunta el director de Suma, José López Garrido. Los datos, efectivamente, evidencian la crudeza de la situación económica y como ese escenario ha afectado a los contribuyentes. En 2007, apenas se produjeron 563 solicitudes para fraccionar los pagos de tributos. A 31 de diciembre de 2009, ese indicador se disparó. Las peticiones para flexibilizar el abono de los tributos locales alcanzaron las 28.247, lo que significa un 5.000% más que apenas dos años antes. Una auténtica avalancha. En 2010, la cifra no baja. Ni siquiera se modera. Todo lo contrario. Con la estadística actualizada hasta junio y pendientes de la campaña del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la de mayor peso en la recaudación tanto por número de recibos como por su gran volumen económico, ya se han registrado casi 15.000 peticiones de pago aplazado. Todo apunta, explica López Garrido, que se superarán los datos del año pasado.
El abono fraccionado de impuestos municipales es una salida que el contribuyente utiliza cuando se acerca o ya ha vencido el plazo para abordar el desembolso de un tributo local y se encuentra con problemas de liquidez para realizar el pago. "Es una persona, una familia, que tiene problemas y que va a una oficina de Suma y se los cuenta a uno de nuestros trabajadores. Si quiere pagar, nuestra obligación, por tanto, es resolverle el problema. Y el 80% de los que lo solicitan cumplen", subraya López Garrido. El fraccionamiento del pago, por tanto, es la vía que el organismo dependiente de la Diputación utiliza como alternativa antes de que un recibo pase a la recaudación ejecutiva y, de esa manera, se produzca un apremio o, con posterioridad, un embargo de bienes. El montante que Suma ha recaudado a través del fraccionamiento de pago ya supone cerca del 9% del total que el organismo provincial maneja a lo largo de un año. Se ha pasado de apenas 3,5 millones en 2007 a cerca de 36 durante 2009, doce veces más en un periodo de apenas dos años.
El aumento de este indicador, obviamente, pone sobre el tapete las dificultades que están afectando a las familias de la provincia. Para aliviar esta situación, el organismo, explicó López Garrido, ha ampliado sus programas para flexibilizar los pagos. No sólo se ha extendido, al ritmo que marca la crisis económica, el fraccionamiento en el abono de los impuestos sino que, además, se ha puesto en marcha un sistema de pago personalizado. Un plan que permite distribuir "a la carta" el volumen total de los impuestos de un ejercicio. Las formulas son ilimitadas. Tantas como personas. Hay quien paga una cantidad al mes, el que opta por hacerlo al trimestre, el que aporta un volumen lineal o el que hace coincidir los abonos con sus pagas extraordinarias. "Cada persona lo distribuye como considera conveniente", señala el director de Suma. Cerca de 5.400 contribuyentes ya se han adherido a la iniciativa que crece mes a mes. Sólo a lo largo de 2010 ya se ha producido un incremento de los usuarios del 25%.

Sin garantías de ingresos
Este escenario económico preocupa a la administración local. No tiene garantías de recibir los ingresos comprometidos por el Estado. La Diputación, sin ir más lejos, está haciendo frente a un expediente de retorno de fondos. El Gobierno estima los ingresos que debe enviar a cada corporación y, cuando finaliza el ejercicio, realiza una liquidación con los datos reales. Al reducirse los ingresos, cada entidad local debe devolver los fondos que recibió de más. Eso le está pasando a la Diputación y se extenderá, con toda seguridad, también a los ayuntamientos. Así que la gestión tributaria de Suma, que anticipa la recaudación mes a mes, se ha convertido en un ingreso prácticamente seguro para los municipios de la provincia.
Eso ha facilitado que los consistorios también "colaboren" con la iniciativa de Suma para facilitar el pago a aquellos contribuyentes que arrastran dificultades para hacer frente a sus impuestos. Hay alcaldes, de hecho, que han solicitado al organismo dependiente de la Diputación información sobre los programas de pagos fraccionados o de abono "a la carta" para, a través de sus departamentos de Servicios Sociales, intentar "canalizar" las peticiones de familias que tienen especiales dificultades a la hora de afrontar sus obligaciones en el desembolso de los tributos locales.
La situación de quiebra del municipalismo no es ninguna novedad. En época de recortes, el rumbo que ha tomado la crisis avanza un larguísimo camino hasta que se produzca la reclamada reforma de la financiación local que compense a los consistorios por servicios que ofrecen pero que, en realidad, corresponden a otras administraciones. Así que, de momento, los municipios tendrán que capear la crisis con un nivel de ingresos que, en los últimos dos años, se ha derrumbado, especialmente, por el "parón" del sector del ladrillo, que los consistorios habían convertido en una de sus principales fuentes de financiación. Muerta la gallina de los huevos de oro, ahora toca buscar otras vías para garantizar ingresos con los que atender a los ciudadanos.
En esa dirección, el organismo tributario de la Diputación, desgranó López Garrido, ha tomado medidas como la implantación de un fondo de cooperación local que ha inyectado un millón de euros en las cuentas de los municipios de menos de 2.000 habitantes para que puedan afrontar obligaciones de gasto corriente; la adaptación de una modificación legal que ha reducido el porcentaje de la recaudación ejecutiva que se quedaba Suma lo que ha supuesto un ahorro para los municipios y, por tanto, un aporte extra de ingresos de otros dos millones de euros; y, finalmente, se han efectuado "retoques" en el sistema de anticipos que han facilitado la liquidez de las arcas locales con unos ingresos que han aumentado hasta en un 11% al mes.

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