Vicente Garrido Mayol. Presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

´La cláusula Camps no es ahora aplicable, tenemos las mismas competencias que Cataluña´

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´La cláusula Camps no es ahora aplicable, tenemos  las mismas competencias que Cataluña´
´La cláusula Camps no es ahora aplicable, tenemos las mismas competencias que Cataluña´  

Dirige el CJC desde hace siete años y es uno de los expertos elegidos por Consell para analizar la sentencia del Estatuto catalán. Acaba de entregar la memoria del CJC de 2009, con más de mil dictámenes.

Julia Ruiz valencia El 77% de las consultas del CJC en 2009 fueron reclamaciones de responsabilidad patrimonial. ¿La gente pide por pedir o es que la administración no funciona?
Hay de todo. En España se ha pasado de una situación de miedo a reclamar, porque se consideraba que era una pérdida de tiempo, a reclamar por todo. Y muchas veces las reclamaciones son infundadas. El ciudadano tiene un nivel de exigencia que no se corresponde con las posibilidades reales que tiene la Administración de ofrecer unos servicios que estén absolutamente perfectos. Otras veces las peticiones están fundamentadas, aunque son las menos.
¿Le ha defraudado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán?
No, era lo esperado, aunque yo pensaba que se iban a declarar más artículos inconstitucionales, como la cláusula de inversiones por la que el Estado ha de invertir en Cataluña con arreglo al PIB. En el caso de Andalucía es con arreglo a la población. Creo que el reparto de inversiones es competencia del Estado y no puede haber cláusulas de este tipo porque podría lleva a España a un casos.
Ha tildado de estrambótico la inclusión en el preámbulo del término nación ¿Que más le chirría del Estatuto catalán?
Resulta extravagante que en una norma jurídica, aunque sea en el preámbulo, se diga que el parlamento de Cataluña considera que es una nación cuando la Constitución dice que la única nación es España. Es contradictorio. Se ha hecho una desgraciada concesión ante intenciones o posturas malintencionadas que por esa vía tratan de proclamar Cataluña como nación y lograr un estatus de privilegio en el Estado.
¿Cuánto hay de política en la sentencia del TC?
Me gustaría que no hubiera nada y que fuera una sentencia jurídica, pero indudablemente la presión política al tribunal tiene que haber influido.
¿Echa un jarro de agua fría sobre las pretensiones del Consell en materia de agua?
Los trasvases de agua son un tema estatal y el propio Constitucional ha dicho que no cabe exigir informes preceptivos en competencias exclusivas del Estado, por lo tanto, si ahora el TC no ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos relativos al agua está contradiciendo su propia doctrina. Habrá que esperar a que se resuelva el recurso del Consell que el CJC dictaminó positivamente.
¿El anuncio del Consell de aplicar la cláusula Camps para igualarse a Cataluña no es reconocer que la reforma valenciana se quedó corta?
La reforma estatutaria valenciana no se quedó corta; a mí me gusta más que la de Cataluña, que se pasó. Yo creo que la Comunitat Valenciana tiene exactamente las mismas competencias que Cataluña; lo que ocurre es que nuestro Estatuto utiliza títulos competenciales genéricos y el catalán concreta las facultades. A lo mejor a la larga es peor, porque atará de pies y manos a Cataluña a la hora de ejercer esas competencias. Por lo tanto, a mi juicio, la cláusula Camps no es aplicable ahora.
Tras el freno del Rajoy a una eventual reforma del Estatuto valenciano ¿Qué papel tendrá la comisión de expertos?
Creo que en estos momentos no procede ninguna reforma estatutaria. Vamos a esperara a leer la sentencia. Con todo, la razón de ser de esa comisión es ver de qué manera esa sentencia puede afectar al Estatuto valenciano.
El CJC no pudo dictaminar la reforma valenciana ¿Le hubiera gustado hacerlo?
Evidentemente. Creo que hubiera sido bueno y me lo han reconocido portavoces de todos los grupos parlamentarios. Creo que hubiera quedado un Estatuto quizás con algunas mejoras. Pero en política, los tiempos son importantes y aquel momento, con el pacto político alcanzado, era el propicio. Quizás un retraso hubiera malogrado la reforma.
Sí ha dictaminado sobre las leyes forales: la del matrimonio y la de sucesiones. ¿Tiene o no competencia la Generalitat en esta materia?
Este es un tema que me ha preocupado siempre. Y no exagero si digo que ha llegado a atormentarme. El problema está en la Constitución. Y según el criterio del TC, la Comunitat no posee esa competencia. A mi me revienta como valenciano, porque somos la única comunidad autónoma que en el pasado tuvimos derecho civil que hoy no la tiene. Siempre he defendido que debería de tenerla. Y opciones caben, como que el Estado nos transfiriera esa competencia. Pero si empezamos a legislar en materia de derecho civil, el presidente del Gobierno probablemente presente recursos de inconstitucionalidad. Lo hizo con la ley matrimonial. Y en el dictamen sobre la ley de sucesiones hemos advertido de la posibilidad de que sea recurrida. Se debe ser cuidadoso.
Hablemos de austeridad ¿Sobran administraciones?
Se debería simplificar los escalones administrativos y el ideal sería Estado, comunidades autónomas y municipios: de cualquier otro escalón se puede prescindir Es una vieja idea mía con la que en absoluto quiero polemizar porque las diputaciones desarrollan un papel muy importante para los municipios. Pero hay que evitar un cuarto nivel administrativo, que afecta negativamente a la identidad de los pueblos que conforman las comunidades.

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