El auto del Tribunal Superior de Justicia que levanta la suspensión cautelar del plan Rabasa fue acogido con júbilo en el Ayuntamiento mientras los grupos políticos y la plataforma ciudadana que han recurrido el plan no ocultaban su decepción.
La alcaldesa, Sonia Castedo, señaló que "me siento satisfecha" porque esta resolución va a suponer eliminar los obstáculos para la implantación de Ikea y la construcción de viviendas de VPO. Castedo precisó que "puedo entender que Rabasa guste o no guste, ya que cada uno es muy libre de opinar y todas las opiniones son respetables, pero lo que no admito es que se ponga en duda los informes de los técnicos, que son totalmente correctos y si en ellos afirman que hay agua suficiente para Rabasa es porque se ha estudiado a fondo y se llega a esta conclusión, y ahora el tribunal reconoce la veracidad de los informes".
También Enrique Ortiz comparte la alegría de la alcaldesa y así lo expresó a este periódico, aunque declinó hacer declaraciones al alegar que no había leído el auto.
Por el PSOE, el portavoz municipal, Roque Moreno, afirmó que "el TSJ puede decretar de nuevo la suspensión porque en la demanda que ha interpuesto el PSOE también se solicita la paralización por otras consideraciones". Moreno añadió que el plan Rabasa no se ha sometido a evaluación ambiental estratégica y que no puede tramitarse al margen del Plan General, "además de infringir numerosos principios y preceptos urbanísticos".
Manuel Alcaraz, por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, expresó su discrepancia con al sentencia y su "coincidencia con los argumentos del voto particular". También aludió a la "gravedad" que supone que en el Auto el TSJ baraje presentar una "cuestión de inconstitucionalidad" por la presunta ilegalidad de un artículo de una ley autonómica, y anunció que sus abogados van a estudiar si plantean este asunto en la demanda que la PIC presentará ante el TSJ.
Alcaraz expresó su extrañeza al no aparecer el Ayuntamiento como recurrente contra el auto de paralización de diciembre pasado, lo que podría atribuirse a un error en la redacción del documento.
También recalcó Manuel Alcaraz que aún queda el asunto fundamental y es la sentencia sobre el fondo de la asunto, que es si el plan Rabasa es legal.
Finalmente, Miguel Ángel Pavón, por EU, lamentó la decisión del tribunal y subrayó que "está acreditada la falta de disponibilidad de recursos hídricos, la tramitación del plan Rabasa al margen del PGOU y la agresión a las lagunas", que son, para EU argumentos "más que suficientes para mantener la suspensión hasta el momento de dictarse sentencia" sobre el fondo del asunto.
