El máximo accionista de Hansa Urbana, Rafael Galea, declaró ayer ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Gordiano Casas, que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que cobró por la venta de suelo en el PAU-5 al empresario Enrique Ortiz era el que le correspondía y el estipulado por los técnicos de la firma.
Según indicaron ayer fuentes judiciales, la declaración de Galea, imputado por un presunto delito fiscal en relación a la venta de suelo a una empresa del alicantino Enrique Ortiz, consistió en justificar el cobro en concepto de IVA de más de seis millones de euros por la transferencia del citado terreno, ubicado en el PAU-5, en la Playa de San Juan. Según las citadas fuentes, el caso ha puesto sobre la mesa del juez Gordiano Casas una disparidad de criterios entre la Agencia Tributaria y la empresa inmobiliaria a la hora de valorar la devolución del impuesto por tal operación
Junto al empresario, que llegó al juzgado a las 9:20 de la mañana, compareció también uno de los responsables contables de Hansa, citado también como imputado en relación al presunto fraude fiscal. Durante una hora, ambos respondieron a las preguntas del titular del juzgado de Instrucción número 1. Cerca de las 10:30 horas, Rafael Galea abandonaba las dependencias judiciales, mientras que el contable permaneció unos minutos más, junto a los abogados. Entre los letrados se encontraba también una representante legal del Estado, que mantiene que el empresario se benefició de esos más de seis millones de euros sin que éstos le correspondieran.
Respecto los compradores del suelo, una empresa de Enrique Ortiz y su entonces socio Aurelio González Villarejo, fuentes judiciales señalaron que no hay ninguna imputación hasta el momento. En principio, Hacienda denunció a cinco personas, pero hasta ayer, sólo dos -Galea y el contable, Miguel Ángel Ballester- han sido llamados a declarar en calidad de imputados. Anteriormente, un inspector de Hacienda ya ratificó ante el juez que lleva el caso que la Agencia Tributaria, a través de la Unidad de Grandes Contribuyentes, había detectado un fraude de 6.1052247 millones de euros en una devolución.
