Ni 24 horas tardó el Consell en terciar en el debate sobre el Estatuto catalán y tomar la bandera del discurso de la reivindicación frente al Gobierno de Madrid. Necesitada de desviar la atención y acuciada por la obligación de generar una agenda propia con la que desplazar el caso Gürtel de la escena política, la Generalitat sugirió ayer la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de reforma de la Carta Magna valenciana -cuya última modificación se acordó en 2006- que incluiría el traspaso de competencias en materia de control hídrico, justicia y, sobre todo, financiación autonómica, tal y como adelantaron desde la conselleria de Gobernación que dirige Serafín Castellano. Compromís, el grupo que comparten el Bloc e Iniciativa, ve "inaplazable" el acceso a nuevas competencias mientras que, por contra, el PSPV tilda el debate de "inoportuno".

Para trasladar imagen de fortaleza frente al resto de autonomías, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, incluyó en la reforma del Estatuto vigente desde hace cuatro años una disposición adicional -la conocida como "cláusula Camps"- que permite a la Comunidad equipararse a otras autonomías que dispongan, vía reforma de sus Estatutos, de mayores competencias. "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos", era la tesis a la que el jefe del Consell se abonó durante la negociación del Estatuto con los socialistas, los únicos que respaldaron la reforma.

El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán permite utilizar ese camino. ¿Por qué? La resolución de la que es ponente María Emilia Casas, la presidenta del citado organismo, apenas anula 13 artículos y reinterpreta 24 de un total de 186 epígrafes. Así que la resolución, en cierta medida, ratifica la vigencia de la inmensa mayoría del articulado de la Carta Magna de Cataluña, muy superior en competencias a la valenciana. Así que ahora a Francisco Camps, impulsado por el fracaso de su propio partido al promover el recurso contra el Estatuto catalán, no le queda otro remedio que ampararse en su cláusula para reabrir un debate que, en opinión del socialista Ángel Luna, sólo busca, como todo en los últimos tiempos, "tapar la operación Gürtel", que salpica de forma directa la figura del titular del Consell.

La Generalitat, según explicaron desde Gobernación, está a la espera de revisar la sentencia y, a partir de ese momento, un grupo de expertos elaborará un dictamen para analizarlo en la comisión encargada del despliegue del Estatuto valenciano. Ese proceso se iniciará, con toda seguridad, durante los primeros días de julio. De una primera lectura, como el conseller Serafín Castellano reconoció ayer en las Cortes, se desprende que las peticiones de la Generalitat se concentrarían en asumir nuevas competencias hídricas, más margen para el desarrollo de un sistema judicial valenciano y, sobre todo, las enormes ventajas de financiación del Estatuto catalán, que incluye un tope de inversión mínima cuantificado en fondos económicos y plazos. El Consell descarta, sin embargo, asumir otras competencias vinculadas a la política lingüística y a la representación autonómica en estamentos internacionales, artículos que el Tribunal Constitucional no ha revocado a Cataluña.

En un comunicado, Castellano cree que el fallo "valida" el modelo estatutario de la Comunidad y justificó la aplicación de la "cláusula Camps" ante cualquier "privilegio" o "discriminación". Para Luna, sin embargo, es necesario esperar al contenido de la sentencia antes de abrir un debate "inoportuno". "Todo es para tapar Gürtel", dijo el síndic del PSPV, cuyos votos son imprescindibles para cualquier reforma. Enric Morera, de Compromís, cree "inaplazables" los cambios para lograr el mayor nivel competencial.