El presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad, Vicente Garrido, entregó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la memoria de la institución correspondiente al ejercicio 2009, que recoge un total de 1.009 dictámenes, lo que representa la segunda cifra más alta desde su constitución en 1996. Una de las resoluciones más importantes es la que declara inconstitucional la normativa de sucesiones que promueve el Gobierno valenciano, algo bastante inusual en la actividad legislativa de la Comunidad.
En un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, el titular del Consell Jurídic destacó, además del número de dictámenes, el de consultas recibidas, con 1.034, una cifra sólo superada por las 1.187 del año 2006. Asimismo, en el pasado ejercicio hubo un repunte de los asuntos relativos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones. Del mismo modo, se mantuvo la tendencia al alza de los expedientes de resolución y nulidad de contratos administrativos. Respecto a los proyectos normativos y disposiciones de carácter general que la Generalitat sometió a la opinión del CJC, en el pasado ejercicio, prácticamente se dobló, pasando de 49 documentos en 2008 a 101 en 2009.
Por lo que respecta a los anteproyectos de ley dictaminados, fueron nueve, entre los que destacan los anteproyectos de ley de Administración Electrónica, de Régimen Local de la Comunitat y de Sucesiones, el que, precisamente, contiene aspectos inconstitucionales. En cuanto al origen de las consultas, tal como se desprende de la memoria, fue el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, el principal consultante, con 251. No obstante, destaca la tendencia al alza de consultas de la administración local con un importante incremento sobre ejercicios anteriores.
