El Tribunal Supremo atribuye al ex gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, el agujero contable de la empresa mixta, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La resolución confirma la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas y que había sido recurrida por Clavero, quien argumentaba que su responsabilidad contable en los hechos debería quedar paralizada hasta que se resolviera el procedimiento penal.
La resolución se produce cuando aún está pendiente que concluya la investigación penal que tiene abierta desde hace ocho años el juzgado de Instrucción número uno de Alicante. En estos momentos, la Audiencia Provincial debe pronunciarse sobre la presunta responsablidad penal de los políticos imputados en el agujero de Mercalicante del que el TSJ ya exculpó al entonces alcalde, Luis Díaz Alperi. En la misma línea, el juzgado también archivó la causa contra el resto de los responsables políticos de la mercantil, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, así como al resto de los integrantes de la comisión ejecutiva, dejando a Clavero como único imputado, una decisión recurrida a la Audiencia entre otros, por el fiscal.
El Tribunal Supremo entiende que "todo alcance contable, haya existido o no culpa o dolo, implica la responsabilidad de reintegrar al Tesoro Público el importe de dicho alcance". Por ello, insiste en que lo que se persigue es el reintegro del dinero, algo "independiente de la responsabilidad penal". La sentencia es contundente cuando asegura que "Clavero efectuó determinados cargos en la cuenta de Mercalicante que no respondían a obligaciones válidamente constituidas, sino a disposiciones del propio gerente sin fundamento jurídico alguno".
El fallo le condena a pagar más de 700.000 euros por las pérdidas a la mercantil, así como las costas del procedimiento. El dinero obedece a 658.138 euros más los intereses correspondientes a las entregas de dinero de la cuenta de la gerencia entre los años 2000 a 2002. El Supremo llega a la conclusión de que Clavero se extralimitó en sus funciones al aprobar gastos por encima del límite de 100.000 euros que le había fijado el Consejo de Administración.
La sentencia cuestiona los desvíos de fondos a las tres empresas que gestionaban las cámaras frigoríficas de Mercalicante (Intercom, Intermark e Inver) y Tenos (la mercantil que debía construir el mercado electrónico). Según Clavero, el dinero entregado a las tres primeras mercantiles pretendía paralizar posibles demandas judiciales por defectos en la construcción de las cámaras frigoríficas que tenían arrendadas y que la Conselleria de Sanidad les obligaba a subsanar. Todas las sentencias señalan que no hay constancia de que las mercantiles hubieran remitido a Mercalicante el detalle de estas deficiencias. El Supremo sostiene que la verdadera razón de estas disposiciones era transferir fondos a estas arrendatarias como típico préstamo mercantil, para diferir el reembolso del dinero a fin de cuadrar la cuenta de la gerencia del año 2001 que tenía un saldo desfavorable para el gerente superior a 850.000 euros por disposiciones de efectivo.
De todas maneras, es poco probable que Clavero vaya a poder pagar este dinero, ya que ha sido declarado insolvente. El perjuicio económico causado en Mercalicante por Clavero está cifrado en cerca de seis millones de euros. El ex gerente tiene todavía la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
