Iberdrola ingresará cerca de 3,35 millones de euros por la instalación de interruptores de control de potencia (ICP) a sus abonados en la provincia. La compañía factura por esta operación 9,04 euros más IVA -10,49 euros, aplicando un tipo impositivo del 16%-, en caso de que el cliente aporte un limitador de su propiedad; si es la eléctrica la que aporta un aparato nuevo, el coste puede incrementarse por encima de los 30 euros. Este proceso se está llevando a cabo desde principios de año en 320.000 hogares, aproximadamente una quinta parte de los clientes que Iberdrola tiene en toda la provincia de Alicante.

El ICP es, tal y como explica la propia compañía en la carta que ha remitido a los clientes para instarles a colocarlo, un dispositivo que adecúa la potencia consumida a la potencia contratada. Según un Real Decreto del año 2005, su presencia es obligatoria, pero pese a ello hasta el pasado mes de enero no se empezaron a remitir misivas a los abonados que no disponían de él para que procedieran a su instalación. Desde Iberdrola señalan que no hay una estimación acerca de cuántas cartas pueden haberse enviado hasta el momento, ya que se está actuando por distintas zonas, sin realizar un cómputo concreto de notificaciones.

La eléctrica da a los abonados un plazo de 20 días para responder a su requerimiento y, en caso de no recibir noticias de los clientes, les remite un segundo aviso. Si se hace caso omiso de esa nueva notificación, tal y como se explica en la propia carta, Iberdrola facturará al usuario como si su tuviera contratada una potencia de 20.000 vatios, lo cual repercutirá en la cuantía de la factura y, por ende, en los ingresos de la empresa eléctrica. Los hogares tienen habitualmente contratada una potencia de 3.300 vatios.

Esta penalización tendrá una mayor cuantía una vez que se aplique la anunciada revisión de las tarifas eléctricas, aplazada por el momento. Para llevar a cabo esta acción, la compañía también se ampara en una normativa aprobada en 2008, que regula tanto la puesta en funcionamiento de los ICP como las posibles medidas a tomar en caso de no obtener una respuesta del cliente.

Hay que destacar que, desde el inicio de la campaña de instalación de los ICP en los hogares que no disponían de ellos, Iberdrola ha incrementado en un 4,6 por ciento el precio de la revisión y el precintado de los limitadores. Así, en enero la compañía informaba que esta operación tenía un coste de 8,64 euros más IVA, pero a mediados de este mes de junio ya advertía a los clientes que la tarifa es de 9,04 euros más impuestos. La inminente subida del tipo impositivo del IVA del 16 al 18 por ciento, con la llegada del mes de julio, hará que el precio final se incremente a 10,67 euros por cada usuario que instale el limitador en su contador de la luz.

El cliente puede optar por no comprar el ICP y dejar que Iberdrola le instale uno de su propiedad. Sin embargo, en ese caso la compañía cobrará cada mes un alquiler de 3 céntimos de euro, más IVA. La aplicación del impuesto puede parecer casi irrelevante en una cantidad tan exigua, pero sí implica una mayor diferencia al cabo de un periodo largo.