Más de seis años de investigación, cientos de documentos y faxes comprometedores, reuniones ministeriales turbias y ríos de tinta en los periódicos quedan en nada después de que el fiscal Anticorrupción Luis Pastor pidiera ayer al juez Jacobo Pin el archivo del caso Fabra para 9 imputados, entre ellos varios altos cargos del Estado.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público solicitó al magistrado instructor que la maquinaria judicial prosiga sus pesquisas contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, su esposa María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar (gerente de Naranjax) y la ex mujer de éste, Montserrat Vives. Sobre todos ellos seguirá pesando la condición de imputados, ya que el fiscal ve indicios de un delito de cohecho y tráfico de influencias en las gestiones que Fabra, Vilar y Vives hicieron ante altos cargos de los Gobiernos de Aznar. Además, Pastor considera que el líder provincial del PP cometió 5 delitos fiscales y su esposa 4 al evadir al fisco 1,7 millones de euros. El titular del juzgado, Jacobo Pin, citó ayer a las partes para que comparecieran en una vista e hicieran sus alegaciones.