Los diputados autonómicos se han pasado de la raya en el uso del teléfono portátil. La Mesa de las Cortes, en su última reunión, analizó un informe con la factura telefónica de móvil y los números dispararon todas las alarmas. Hasta el punto que la presidenta del hemiciclo, Milagrosa Martínez, ha decidido tomar cartas en el asunto. Se dirigirá por carta a los 99 diputados del parlamento con el detalle de consumo de los meses de junio y julio para que tomen conciencia del exceso. En el caso de que no se produzca una rebaja notable de la factura, la presidenta de las Cortes Valencianas tomará medidas drásticas que, incluso, podrían incluir una restricción de las llamadas telefónicas.

Los datos de los informes sobre el uso de celulares en los últimos meses "escandalizaron" a los miembros de la Mesa de las Cortes. Populares y socialistas -formaciones con representación en el órgano de gobierno de la Cámara- están de acuerdo en poner coto a esta situación que consideran "inaceptable". Sin desvelar ni nombres ni facturas, fuentes parlamentarias apuntaron que se ha producido un gasto desmesurado -hay minutas de varios cientos de euros- con llamadas a lugares "insospechados". La presidenta entiende que es preciso dar ejemplo de "austeridad" en época de crisis. En este sentido, remitirá las facturas de los próximos dos meses a los diputados de forma personalizada y si no remite el gasto restringirá el servicio.

En las Cortes, mientras, continúa el debate sobre el recorte de los sueldos de los diputados y la disminución en la asignación a los grupos parlamentarios. En principio, la propuesta del PP, con mayoría en el hemiciclo, es la de rebajar ambos conceptos en hasta un 15%. La Junta de Síndics acordó en su sesión de ayer fijar para el próximo 28 de junio la reunión de la comisión de Gobierno Interior para abordar el asunto. Los socialistas están de acuerdo con el recorte de los emolumentos de los parlamentarios que, según el caso, oscila entre un 10 y un 15%. Sin embargo, el portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, ratificó a este periódico su negativa a validar un descenso de un 15% en la asignación anual que perciben los grupos con representación en el hemiciclo. Ángel Luna argumentó su rechazo en base a que esa misma partida económica ya reflejó, cuando se aprobaron los presupuestos hace seis meses, un descenso de las ayudas del 10% a la que hay que sumar ahora la que plantea el PP, que supondría, por tanto y en conjunto, un bocado, sólo en 2010, del 25% al dinero que recibían los grupos parlamentarios.

Para Luna, la propuesta popular, que se sustanciará a finales de mes, "no entra dentro de los parámetros" en los que se están desarrollando estas iniciativas de ajuste de gasto. "Necesitamos ese dinero para poder funcionar como grupo parlamentario", afirmó Luna que, en todo caso, admitió desconocer "a qué se ha debido esa ocurrencia" del PP que no se ha producido en otras instituciones públicas. Rafael Blasco, síndic popular, por su parte, sostuvo que la crisis económica "obliga a abrocharse el cinturón" y defendió que los grupos políticos y los cargos públicos deben "dar ejemplo".