A expensas de la decisión de la Audiencia Provincial. La causa abierta contra cinco de los imputados en el caso Mercalicante se resolverá previsiblemente tras el paso del verano, según explicaron ayer fuentes judiciales. La Audiencia tiene que pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por el representante del ministerio fiscal, Felipe Briones, y por la acción popular, ejercida por el PSPV-PSOE, en los que piden que la causa siga abierta contra los políticos y contra los representantes de Mercasa inicialmente implicados en este desfalco de más de seis millones de euros y exculpados por la juez instructora tras la decisión de TSJ de hacer lo propio con Alperi.

Como se recordará, la primera juez instructora del caso, Cristina Costa, resolvió cerrar el proceso para los entonces ediles Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, así como a dos dos técnicos de Mercasa, Gonzalo Simón y Segundo Bermejo, después de que el TSJ de la Comunidad acordara exculpar al entonces alcalde de la ciudad y presidente del Consejo de Administración de la mercantil, Luis Díaz Alperi, al entender que no existía delito alguno en la actuación de ahora diputado autonómico en el desfalco. Precisamente fue su condición de representante en las Cortes Valencianas lo que hizo que el asunto tuviera que trasladarse desde un juzgado de Instrucción de Alicante hasta el TSJ dada la condición de aforado de Díaz Alperi.

La Audiencia tiene ahora que pronunciarse después de que el magistrado que ha sustituido a Costa haya ratifica la postura de la juez al responder al recurso de reforma planteado por las partes antes citadas. La juez Costa y ahora su compañero Gordiano Casas han entendido que si no existe delito alguno en la actuación de Alperi, el mismo criterio se puede aplicar al resto de los miembros del Consejo de Administración que presidía el ex alcalde.

El fiscal y la acción popular entienden que tanto el ex gerente, José Emilio Clavero, como el resto de los imputados son responsables de los delitos de apropiación indebida y malversación además de un delito societario. Las acusaciones han mantenido a lo largo de cerca de ocho años que los representantes públicos habían faltado a su obligación de vigilancia, lo que facilitó las operaciones contables que llevaron al desfalco de más e 6 millones de euros.

Mientras se resuelve el futuro de los políticos en este proceso, la causa sigue abierta para José Emilio Clavero, el gerente que estaba al frente de la mercantil de capital público cuando se produjo el agujero contable.