La crisis abre el debate sobre el papel de las diputaciones y la reducción de Alcaldías

La nueva legislación local permite fusionar o disolver ayuntamientos

 02:07  
El síndic del PP, Rafael Blasco.
El síndic del PP, Rafael Blasco. efe

Pere rostoll
Ya está sobre la mesa: reducir la administración local con la fusión o la supresión de Alcaldías; y repensar el papel de las diputaciones. El PP abrió ayer un debate que, incluso, tiene base legal: las Cortes han dado luz verde esta misma semana a una nueva Ley de Régimen Local que permitiría reducir o reagrupar alguna de las 542 entidades municipales con las que cuenta la Comunidad. ¿El motivo? Una crisis, tal y como reconoció ayer Rafael Blasco, conseller y síndic del PP en las Cortes, que podría obligar a tomar la decisión de "adelgazar" la administración local y, como planteó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reorientar el papel de la Diputación como ente político para reducir su tamaño y convertirlo en un organismo que mantenga su competencia en la prestación de servicios, especialmente, para los municipios de menor tamaño, algo que se rechaza abiertamente en la provincia de Alicante.
El texto de la nueva legislación autonómica, validada el miércoles en las Cortes, recoge tres posibles causas de supresión: por incorporación de uno o más municipios a otros limítrofes, siempre que no se modifiquen los límites provinciales; por la fusión de dos o más municipios que linden; y por la desaparición de la población municipal. La normativa de la Comunidad incide en la "voluntariedad" de la supresión, aunque la propia Generalitat podrá iniciarla de oficio cuando desaparezcan algunos de los elementos constitutivos del municipio como son la base territorial, la población y la organización.
Las circunstancias que deben darse para suprimir un ayuntamiento por fusión o incorporación son que tenga empadronados menos de 500 habitantes o que siendo superior a ese tope se encuentre en situación de descenso continuado y acusado; confusión de los núcleos de población sobre los que recae la capitalidad de los municipios como consecuencia del desarrollo urbanístico; insuficiencia de recursos económicos, técnicos y administrativos para prestar servicios mínimos obligatorios; falta reiterada de candidatos en las elecciones o falta de funcionamiento de los órganos de gobierno y concurrencia de condiciones económicas, administrativas o de cualquier otro carácter que pudieran hacerla necesaria o conveniente. La situación de crisis, por tanto, podría ser un elemento para poder suprimir administraciones locales o refundir los órganos de gestión local de diversos municipios.
En el caso de la Comunidad, sin embargo, las razones de población también podrían tener un importante peso a la hora de tomar medidas drásticas para reorganizar la administración local. De los 542 consistorios valencianos, 21 tienen menos de 100 habitantes, 115 entre 100 y menos de 500. Es decir, que 136 municipios valencianos estarían dentro del límite de población que establece la ley para abordar operaciones de fusión de servicios o de supresión de sus Alcaldías. Además, otras 82 localidades tienen entre 500 y 1.000 habitantes. Esa porción de localidades con menos de un millar de censados representa algo más del 40% de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana pero, sin embargo apenas reúnen 92.000 habitantes, el 1,81% del conjunto de la población. ¿Es posible mantener la estructura de 136 localidades para un volumen tan estrecho de habitantes? Ese es el debate que se ha abierto justo cuando el Gobierno socialista ha ahogado un poco más a municipios y diputaciones con el "tijeretazo" para tratar de reducir el déficit.
En un programa de televisión, el conseller Rafael Blasco abogó por la "fusión o supresión de ayuntamientos" ante la situación económica "insostenible" por la que atraviesan las arcas locales. "Es absolutamente injustificable que dos ayuntamientos que sólo están separados por una calle tengan cada uno su propio servicio de recogida de basura, de agua o de Policía...", apuntó Blasco antes de rematar su tesis. "Queramos o no, vamos a tener que llegar al paso de la supresión de algunos municipios, porque no tiene ningún sentido que se mantengan hoy, y llegar a la fusión o concertación de ayuntamientos", insistió el conseller en la cadena. "Hay ayuntamientos -concluyó- que no pueden apenas pagar las nóminas de sus propios funcionarios y que deben afrontar las consecuencias de un deficitario sistema de financiación municipal". La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, confirmó que, efectivamente, la legislación prevé la posibilidad de suprimir o fusionar ayuntamientos, pero consideró la intervención de Rafael Blasco como una "reflexión". La dirección del PSPV, sin embargo, está receptiva a discutir el asunto, aunque, apuntaron desde Blanqueries, siempre que se garantice "la identidad propia" del actual mapa local de la Comunidad.
Junto al papel de los municipios está por ver el futuro de las diputaciones, un debate mucho más complicado al depender cualquier modificación del estatus de las corporaciones provinciales de una variación de la Constitución. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reconoció que las diputaciones "prestan servicios importantísimos a los ayuntamientos más pequeños", apuntó, aunque "hay que hacer también una reflexión" sobre su mantenimiento como estructura política y potenciar su rol a la hora de prestar servicios locales. Esta postura avanza un importante debate interno en las filas populares.

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