Coincidiendo con la huelga de funcionarios, el Consell cumplió con el mandato del Gobierno y publicó ayer en el Diari Oficial de la Comunitat el decreto que certifica el "tijeretazo" impuesto por el Gobierno de Zapatero, trámite necesario para la entrada en vigor de las medidas este mismo mes de junio. El documento, negro sobre blanco, incluye la conocida rebaja del 5% de la masa salarial -descenso que se aplicará de forma progresiva entre los trabajadores públicos- del personal laboral de la administración autonómica y organismos autónomos aunque con la excepción de las empresas y mercantiles públicas caso, por ejemplo, de Ràdio Televisió Valenciana, la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ciegsa o Ciudad de la Luz, sólo por poner algunos ejemplos de sociedades de la Generalitat que se encuentran, según los informes de la Sindicatura de Cuentas, en situación de bancarrota pero en las que no se aplicarán, al menos por ahora, criterios de austeridad.

Así lo establece, entre otras medidas, el decreto que, en cualquier caso, también ratifica los recortes de los sueldos de los altos cargos, tal y como informó este periódico. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los consellers registrarán un descenso de sus retribuciones del 15%. De esta manera, el jefe del Consell percibirá, a partir de ahora, un sueldo bruto anual de 67.615 euros mientras que los consellers se quedarán en 57.599, apenas 16 euros más al mes que los secretarios autonómicos, a los que se reducirá sus emolumentos en un 10%. Los subsecretarios tendrán que ver rebajadas sus retribuciones en un 9% y los directores generales en un 8%. El personal directivo no incluido en esta clasificación, según el caso, se recortará su sueldo anual entre un 15% y un 8%. Y un descenso de la masa salarial del 5% para el personal laboral autonómico. Quedan suspendidos todos los acuerdos sindicales impulsados por el titular de Economía, Gerardo Camps.

El recorte se aplicará de forma progresiva a toda la administración con la excepción, matiza el decreto, de las empresas públicas que sí se ajustarán a la negociación colectiva. Eso, por ejemplo, deja sin recorte de sueldos, al menos mientras no se negocie el convenio, a Canal 9, la televisión pública bajo control del PP de la que cobran más de 1.300 trabajadores, dos tercios de los cuales contratados durante el mandato popular, y que se encuentra, como reconoce la Sindicatura de Cuentas, en uno de los supuestos de disolución previstos en la ley por su grave situación económica y financiera. Sólo sobrevive gracias a la sucesiva inyección de fondos desde la Generalitat.

El decreto del Consell consagra, igualmente, una reducción en las transferencias a las universidades, a las que se retendrá el crédito correspondiente al descenso de los sueldos de sus plantillas. Y, además, reclama al resto de organismos del entramado autonómico -Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de Cultura, Consell Jurídic, l'Acadèmia de la Llengua y el Comité Econòmic- que muevan ficha para proceder a un recorte general de sueldos.