"Desmoralización" y "malestar". Con estas palabras definió ayer el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, la situación que atraviesa el colectivo tras el anuncio realizado por el Gobierno sobre los recortes salariales y "de inversiones" que afrontará la administración de Justicia.
Los profesionales acordaron ayer, tras la celebración de la junta general de jueces, remitir su "descontento" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtiendo de que las restricciones económicas bloquearán la puesta en marcha de actuaciones como la implantación de la nueva oficina judicial, así como supondrá "mayores demoras" en el funcionamiento de "una parcela siempre olvidada".
Cerón explicó que la aprobación del decreto por parte del Ejecutivo ha causado "una gran desmoralización" entre los profesionales, al volver a conducir la situación a los "niveles en los que la Justicia alicantina se encontraba hace dos años", cuando los jueces empezamos nuestro movimiento reivindicativo".
En este sentido, el decano de los jueces insistió en que durante toda la etapa de protestas, el colectivo siempre ha manifestado la necesidad de dotar a la provincia de más medios humanos y materiales. Unas peticiones que se "centraron en estas necesidades, dejando a un lado materias relacionadas con la retribución de los profesionales y que, llegado el momento, en lugar de recibir una respuesta positiva al incremento presupuestario y a la creación de los órganos demandados, se han contestado con un recorte salarial".
De igual manera, Juan Carlos Cerón subrayó que los juzgados están jugando un papel de gran importancia en materias relacionadas con la crisis, en áreas como lo Social. Órganos que requieren de una "mayor agilidad y de medios" , en los que la Justicia está "demostrando que es rentable" pero que chocan con decisiones como la actual, en la que "se constata de nuevo que se trata de una parcela olvidada".
Respecto a la puesta en marcha de medidas de protesta, Cerón mostró el respaldo de los profesionales alicantinos a las "medidas que se tomen por parte de las diferentes asociaciones" por lo que, según precisó, "si éstas deciden adoptar alguna medida de presión, se hará". En este sentido, advirtió de que los jueces de Alicante se han sumado a los "pronunciamientos realizados por las juntas de jueces de Murcia y de Valencia" en sus críticas al Gobierno, tras conocerse los recortes salariales y los retrasos para afrontar el proceso de modernización de la Justicia.
