El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar las escuchas a varios de los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y a sus abogados, ha solicitado una copia de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Entre lo pedido por Barreiro al instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, figura el "testimonio de todas las actuaciones practicadas" en la causa "desde su inicio hasta el auto de 20 de abril de 2009, inclusive resolución esta última por la que se acuerda la prórroga de las intervenciones de las comunicaciones orales y escritas y observación de las comunicaciones". Según las resoluciones a las que ha tenido acceso Efe, Barreiro también ha pedido a su compañero del TSJM que le informe de "las fechas en que se inició y finalizó la intervención de las comunicaciones entre el interno Pablo Crespo -considerado el "número dos" de la trama Gürtel- y sus abogados" y si en ese periodo se le tomó declaración como imputado.

El magistrado del Supremo ha requerido también a Pedreira para que le envíe un informe de Hacienda fechado el 29 de julio de 2008 "sobre las estructuras fiduciarias de Francisco Correa", considerado el máximo responsable de la "red Gürtel". Barreiro ha pedido asimismo el auto notificado el pasado 25 de marzo por la sala civil y penal del TSJM, por el que se declararon "ilícitas" las intervenciones de las comunicaciones que varios de los imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados por considerar que, al ordenarlas, Garzón vulneró el derecho de defensa, así como el voto particular que acompañó a la resolución.

El magistrado, por último, se ha interesado también por otro auto del TSJM, el que notificó el pasado 19 de abril avalando las escuchas a varios de los investigados en la causa ordenadas por Garzón entre agosto de 2008 y enero de 2009, antes de proceder a la detención de los considerados cabecillas de la trama.

La querella contra Garzón por ordenar las escuchas fue presentada por el abogado Ignacio Peláez, que representa a uno de los imputados en el caso Gürtel, el empresario José Luis Ulibarri, por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad. Garzón declaró como imputado ante Barreiro el pasado 10 de mayo y aseguró que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que los imputados ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban. El pasado 24 de mayo, Peláez amplió la querella a las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Miriam Segura.

Por otro lado, el Consejo Fiscal calificaba de "ejemplares" las actuaciones de las dos fiscales Anticorrupción adscritas al caso Gürtel: Myriam Segura y Concepción Sabadell, contra las que se ha querellado el abogado Ignacio Peláez por un presunto delito de prevaricación y contra las garantías de la intimidad en relación con las escuchas a cabecillas de la trama ordenadas por Baltasar Garzón.

En su reunión del martes, el Consejo Fiscal quiso "dejar constancia pública" del "firme compromiso de toda la carrera fiscal con "los valores de imparcialidad, profesionalidad y rigor" que han guiado "clara e inequívocamente" la actuación de dichas fiscales en un asunto "de excepcional dificultad técnica" que han tenido que afrontar.

Responsabilidad ejemplar

Asimismo destacaron el "coraje y sentido de la responsabilidad ejemplares" de ambas profesionales "en condiciones de enorme presión mediática, política y social". Según informó el Consejo, por unanimidad desearon "expresar su apoyo a las fiscales" y "dejar patente ante los ciudadanos" su preocupación por la "seria e injusta erosión que pueden sufrir la imagen de la Justicia, y de quienes la sirven como consecuencia de los cada vez más frecuentes y desinhibidos intentos de manipulación y perturbación del proceso penal con fines espurios".

El PP y el Consell han cuestionado la labor de la Fiscalía, a quien vinculan con el Gobierno para inducir el proceso.

El Consejo quiere dejar patente "la firme convicción de que su trabajo ha respondido y responde en todo momento a los valores de honestidad, esfuerzo profesional y respeto al Derecho que van indeleblemente aparejados a su condición de juristas concretada en su vocación de fiscales".