El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, podría sentarse en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, antes de Navidad, según informaron ayer fuentes judiciales.
Después de que los peritos de Hacienda hayan concluido su informe, en el que detectan cinco supuestos delitos fiscales en las cuentas del líder provincial del PP castellonense, y de que el juez de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Nules haya acordado transformar las diligencias abiertas en el año 2003 en un procedimiento con jurado, la investigación de la causa ha tomado un giro fundamental.
El siguiente paso crucial para el futuro del caso Fabra se dará el próximo día 25, cuando los abogados de las partes y el fiscal comparezcan ante el juez Jacobo Pin para hacer sus alegaciones. En ese acto, los letrados y el representante del Ministerio Público podrán ratificar la imputación de Fabra y del resto de los 12 implicados, pedir el archivo de la causa o solicitar más pruebas.
El juez, en un plazo relativamente corto de entre dos o tres días, dictará entonces un auto en el que decidirá sobre el archivo de la causa o la apertura de juicio oral con jurado contra el mandatario popular y el resto de encausados, entre ellos su esposa, María Amparo Fernández. Cabría la posibilidad de que Pin pudiera comunicar, de viva voz, su decisión en el mismo acto de comparecencia de las partes, aunque este hecho es más improbable y lo normal es que el magistrado se tome unos días para meditar su auto.
Si finalmente el instructor dicta un auto de apertura de juicio oral, el paso siguiente será fijar fecha para el juicio con jurado, que podría celebrarse antes de finalizar este año.
En ese caso, Carlos Fabra podría enfrentarse a penas de cárcel por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. El primero de los delitos, tipificado en los artículos 419 y siguientes, castiga con penas de entre 2 y 6 años a la autoridad que acepta dinero o regalos en el ejercicio de su cargo. Pena menor -entre seis meses y un año- podría recaer en el caso del delito de tráfico de influencias si finalmente se probara que Fabra medió ante altos cargos del Gobierno de Aznar en favor de una empresa privada, en este caso Naranjax, la firma dirigida por su ex socio Vicente Vilar, actualmente en prisión por la violación de su ex esposa.
Mientras tanto, el alcalde de Castellón y coordinador del PP autonómico, Alberto Fabra, reclamó ayer "un esfuerzo" para "defender la presunción de inocencia" del presidente de la Diputación castellonense. Preguntado sobre la petición de dimisión de Carlos Fabra, el primer edil respondió que "la oposición lleva pidiendo su cese ni se sabe el tiempo y, pese a ello, al PP no le ha ido nada mal".
