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El sindicato de docentes STEPV ha asegurado que Ley de autoridad del profesorado que el Consell pretende instaurar "no es necesaria ni urgente" y busca "ocultar los problemas reales de la educación valenciana".
Según un comunicado del sindicato, cuando se produce un caso aislado de violencia, es suficiente con aplicar el Código Penal vigente, por lo que esta ley, que establece para el profesorado la condición de autoridad pública, no aporta "nada" a la situación actual del colectivo.
STEPV explica que toda agresión contra un funcionario público se considera ya como un delito contra la autoridad tipificado en el Código Penal, con penas de prisión de uno a tres años, según establece el artículo 551.
El sindicato propone añadir al anteproyecto de Ley una serie de medidas concretas que "de verdad" apoyen al profesorado en el ejercicio de sus funciones.
Según la organización, debería crearse un servicio de asesoramiento a los docentes para ofrecerles ayuda cuando surjan conflictos en el aula, así como garantizar una adecuada defensa jurídica para los profesores en cualquier procedimiento judicial.
El sindicato pide también que se establezca un servicio de prevención de riesgos laborales y se promuevan medidas que aseguren la jubilación parcial prevista en la Ley del estatuto básico del empleado público, así como la reducción horaria a los mayores de 55 años y la creación de puestos singulares de trabajo docente.
Asimismo, reclama que se dote a los centros de personal educativo especializado para que se apliquen correctamente los planes de convivencia y que se ofrezca a todo los profesores formación específica en este área.
Por último, STEPV considera necesario que se constituya una comisión interdepartamental de la Consellerias competentes en educación, bienestar social, inmigración y sanidad para que elabore un plan integral de atención al profesorado de los centros que escolaricen a alumnos con riesgos de exclusión social o problemas de convivencia.
