Con la fuerza de un boomerang y en forma de auto firmado por el juez que investiga la trama Gürtel en el TSJ de Madrid. Así es como ha regresado al TSJ de la Comunidad el informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP que hace diez meses la sala presidida por Juan Luis de la Rúa rechazó incorporar a la causa que se estaba instruyendo contra el jefe del Consell y otros altos cargos por recibir regalos de la red corrupta de Correa y que a los pocos días se acabó archivando por dos votos a favor (el del propio De la Rúa y el de su colega Juan Francisco Ceres) y uno en contra, el de Juan Montero. Un cierre que ha levantado el Supremo en una sentencia en la que, entre otros aspectos, cuestiona los argumentos del máximo órgano judicial de la Comunidad para defender que los hechos atribuidos a los imputados no eran constitutivos de un presunto delito de cohecho impropio.
Pues ahora no es impropio, sino sobre un presunto cohecho puro y duro (penado con cárcel frente a la multa del primero), además de sobre otros seis cargos que van desde un delito contra la Hacienda pública hasta la prevaricación, el blanqueo o la asociación ilícita, sobre los que estos mismos magistrados tendrán que pronunciarse acerca de la competencia del TSJ para investigarlos al aparecer implicados aforados: los cuatro imputados en la anterior causa (Camps, Costa, Campos y Betoret) a los que ahora se suman un vicepresidente (Vicente Rambla), dos diputados autonómicos (uno también vicesecretario general del PP (David Serra) y la otra, (Yolanda García) tesorera regional), y al hasta julio del año pasado director general de RTVV, Pedro García.
Pese a que lo novedoso de la situación a la que se enfrenta un TSJ en pleno proceso de renovación, y partiendo de que nada hace pensar que De la Rúa, el más que amigo de Camps, vaya a apartarse del caso, todo apunta a que serán los mismos magistrados que no vieron delito alguno en que una trama corrupta agasajara a jefe del Consell y a otros altos cargos los que tendrán que decidir si el TSJ debe asumir la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y el resto de los delitos que se apuntan en un auto que se apoya en el informe policial desdeñado por sus señorías.
Aún cuando en nada vincula al TSJ de la Comunidad la inhibición planteada por su homónimo de Madrid (ningún tribunal superior tiene autoridad alguna sobre otro), es de prever que, dada la contundencia y la profusión de datos que recoge el auto de Pereira, el tribunal valenciano asuma la competencia. En caso contrario, que se contempla sólo como posibilidad remota (aunque convendría no olvidar el carpetazo dado por este mismo órgano al caso de los aparcamientos en los que estaban implicado el anterior alcalde de Alicante y la actual primer edil, entre otros), a las acusaciones les quedaría recurrir al Supremo.
Superado el trámite de la competencia, a la Sala de lo Civil y de lo Penal se le plantea otro dilema: si el asunto se sumará al caso de los trajes, cuya instrucción tiene ahora que concluir Flors, o si, por el contrario y en contra del planteamiento de Pedreira, que habla de conexividad de delitos y de la conveniencia de una investigación conjunta, se decide que haga por separado. Será una decisión que tendrá que tomar el instructor designado para ello de entre todos los miembros de la sala y que nunca podrá ser Flors en previsión de que al final le corresponda a este magistrado instruir el caso.
Sea como fuere, lo que parece inevitable es que tanto el jefe del Consell como el resto de los implicados en la causa de los trajes tendrán que volver a pasar por el TSJ para declarar ante el magistrado que asuma la investigación. La aparición de nuevos datos hace imprescindible estos interrogatorios de los que tampoco podrán librarse los nuevos implicados en el auto de Pereira.
Del jurado al tribunal
Pero los cambios que provoca el auto del TSJ madrileño no acaban ahí. Si hasta ahora, cuando el único delito que se contemplaba para Camps y el resto de los implicados en el caso de los trajes era un cohecho pasivo impropio, no había dudas de que el asunto, de llegar a juicio, se dirimiría ante un tribunal popular, la alusión a nuevos cargos, la prevaricación entre ellos, conduce inexorablemente el asunto a un tribunal compuesto por tres magistrados. Sólo en el caso de que las dos causas (trajes y financiación ilegal) se instruyeran y se juzgaran por separado, se continuaría manteniendo el jurado en el primer caso para pasar al tribunal en el segundo.
Aunque todo dependerá de la estrategia procesal de cada una de las partes (ayer había tanto quien aventuraba que Camps prefería enfrentarse a los asuntos por serado como quien aseguraba todo lo contrario) sobre lo que no hay dudas es acerca del tiempo que se tardará el concluir la investigación si, como parece lógico, se unen los dos casos. Y se habla de años.
