El auto del juez Pedreira amplía a ocho la lista de empresarios que presuntamente financiaron de manera irregular al Partido Popular de la Comunitat Valenciana y que, según las conclusiones del fiscal, podrían ser responsables de varios delitos electorales y de falsedad en documento mercantil. A la relación de empresas señaladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) -las constructoras Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa; y la consultora urbanística Piaf, todas ellas incluidas en la querella presentadas por el PSPV- la investigación judicial implica a otras tres mercantiles en pagos en negro al PP. Se trata de Pavimentos del Sureste , Grupo Vallalba y Constructora Hormigones Martínez SA, ambas filiales, y todas ellas radicadas en Alicante. Hormigones Martínez es una de las constructoras de referencia en Alicante de obra civil y es propiedad del presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna.
En concreto, y según el relato del fiscal y cuyas conclusiones jurídicas asume íntegramente Pedreira, estas empresas serían colaboradoras necesarias en posibles delitos electorales en los que también se implica al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, y a los populares Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, así como a los cabecillas de la trama Gürtel.
Respecto a los comicios de 2007 y, basándose en los informes de la Udef y de la Agencia Tributaria, el fiscal apunta a una serie de hechos "que pudieran ser constitutivos de delito electoral vinculados con el pago de los servicios prestados por Orange Market al PPCV".
Según afirma una "parte de la deuda del PPCV -en cuantía de al menos 345.200 euros- "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades". "Facturas que reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP en cuanto cancelan una deuda de éste". La doble contabilidad de Orange Market (la oficial "Alicante" y la oculta "Barcelona") revela cómo la deuda oficial con el PP sufría disminuciones con diversas facturas que se emiten a las mercantiles Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. "Todas estas facturas tendrían por única finalidad el pago de servicios prestados por Orange Market al PP durante la campaña electoral de 2007". Respecto a la deuda en B, el fiscal eleva a 2,5 millones de euros los pagos en negro a Orange Market y reseña que estos pagos, de los que no hay facturas, no habrían sido reflejados en las cuentas del PP "como tampoco lo habrían sido aquellos pagos efectuados por distintas mercantiles".
El auto concluye que "los gestores efectivos de las mercantiles Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Piaf "colaborarían en el delito electoral al abonar parte de los servicios prestados por Orange Market al PP en la campaña de 2007, evitando así, que los gastos tuvieran que ser declarados por el PP". Además, el fiscal considera a los citados empresarios autores de un delito de falsedad en documento mercantil que vendría tipificado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes.
La misma operativa de pagos y cobros entre Orange Market y el PPCV se habría trasladado a 2008. En este ejercicio, la lista de empresas "que aparecen abonando parte de la deuda del PPCV encubriendo con facturas a Orange Market" está integrada por Facsa, Enrique Ortiz, Piaf, Lubasa y el grupo Sedesa, esta última vinculada a la familia Cotino. El fiscal estima que "estos delitos son conexos con los anteriores en cuanto se emplea la misma operativa y coinciden, asimismo, prácticamente todos los responsables penales: los vinculados a Orange Market y los gestores efectivos de las sociedades enumeradas". Con todo, el fiscal deja abierto el posible delito electoral en espera de otro informe de la Agencia Tributaria para saber si los pagos investigados se refieren a la campaña de las elecciones generales del 9 de marzo.
