El presidente de la Generalitat recibió ayer el correctivo judicial más severo desde que hace más de 15 meses estallara el escándalo del caso Gürtel. En un auto demoledor, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, remitió al TSJ de Valencia (TSJCV) la investigación de los posibles delitos electorales y de contratación irregular en la Generalitat por entender que están directamente relacionados con los regalos de trajes a Francisco Camps y otros ex altos cargos del PP y la Generalitat. Con el fin de evitar la prescripción de los citados delitos electorales, el juez hace suya la petición de la Fiscalía Anticorrupción y extiende la implicación al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y a una amplia nómina de dirigentes, ex cargos del PP y empresas: desde el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, al ex director de Canal 9 Pedro García, pasando por las firmas alicantinas Hormigones Martínez, Pavimentos del Sureste y Enrique Ortiz.
El juez Pedreira mantiene que los hechos investigados en Valencia -el regalo de trajes por parte de la trama corrupta- pueden incurrir en cohecho propio -es decir, soborno- y estar conectados con otros delitos de la red de Correa como blanqueo de capitales y asociación ilícita. Justo en el tercer aniversario de su victoria electoral en las autonómicas, Camps reiteró ayer que "todo es un montaje que acabará en nada" y defendió la "honorabilidad" de la Generalitat y la corrección de sus cuentas públicas. Y mientras la dirección nacional del PP guarda silencio, la oposición considera que la renuncia del presidente es inaplazable.
Una semana después de que el Supremo detallara que la trama corrupta regaló trajes a Camps "de forma repetida, con opacidad y en consideración a su cargo público", el auto del TSJM complicó ayer aún más el calvario político de Camps al encontrar indicios de hasta siete delitos en su conducta y en la de una parte de la cúpula del Consell y el PP regional: cohecho -que contempla pena de prisión-, contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, prevaricación y delito electoral y fiscal.
El juez Pedreira basa su contundente resolución en los informes policiales y de las unidades de auxilio judicial de la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria, que documentan irregularidades en la contratación de la Generalitat con la empresa de la trama Orange Market -particularmente en los montajes de Fitur-, así como en la gestión y el pago en "negro" de actos electorales del PP por los comicios de mayo de 2007, cuya operativa se repitió en las generales del año siguiente.
En ambos casos, el juez cita expresamente la intervención del gabinete del presidente de la Generalitat y líder regional del PP. En relación con los delitos electorales, también menciona al ex secretario y ex portavoz popular Ricardo Costa, al ex vicesecretario David Serra y la ex tesorera Yolanda García Ramos.
En este apartado, el juez concluye que "un importante porcentaje de la deuda" contraída por el PPCV con la empresa de El Bigotes "se habría abonado de forma opaca en efectivo" por el partido y otra parte -al menos 345.200 euros en 2007- "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades". Dichas facturas reflejarían servicios inexistentes entre las mercantiles "y se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas" al PPCV "en cuanto cancelan una deuda de éste".
Hormigones Martínez y Ortiz
Sobre las elecciones de 2007, el juez cita a la empresa alicantina Hormigones Martínez -propiedad del presidente de la patronal Coepa Rafael Martínez Berna- como presunta pagadora de dos facturas por importe de 69.600 y 67.860 euros, así como a Grupo Vallalba -también de Martínez Berna-, Pavimentos del Suroeste, asimismo alicantina, Facsa y Piaf. Además del delito electoral, el juez mantiene que los gestores de estas empresas pueden haber incurrido también en falsedad en documento mercantil. Y en cuanto a las generales de 2008, el auto implica en la misma operativa a Enrique Ortiz, que habría pagado tres facturas para minorar la deuda del PPCV por 100.000, 31.784 y 84.100 euros, a Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente Juan Cotino-, Lubasa, Piaf y Facsa.
Finalmente, sobre el cohecho y la prevaricación, el juez cita los expedientes de Fitur adjudicados a El Bigotes de 2005 a 2009 -con mención especial a Rafael Betoret- y al ex director de Canal 9. El juez liga los obsequios que le hizo llegar la trama con la adjudicación de contratos a firmas de la red por el viaje del Papa a Valencia.
