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El Gobierno valenciano ha reiterado hoy la legalidad de todas las contrataciones públicas realizadas por la Administración autonómica valenciana y ha defendido que el Consell cumple "rigurosamente" la Ley de Contratos del sector público.

El Consell ha hecho esta afirmación, en un comunicado, tras conocer la decisión del juez instructor del caso "Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, de remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana parte de la investigación que afecta a aforados de esta autonomía.

En este sentido, el Gobierno valenciano ha destacado que todos los procesos de contratación "se ajustan a la legislación vigente y han sido convenientemente fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas".

Según han resaltado, "la Comunitat Valenciana es una de las autonomías más transparentes y que con mayor rapidez audita sus cuentas".

El Consell ha desmentido así "cualquier acusación que ponga en duda la legalidad de las contrataciones públicas de la administración autonómica" y ha reiterado su confianza en la Justicia, con la que, según ha dicho, "colaborará en todo lo que sea necesario para demostrar la honorabilidad de la Generalitat".

En la base de sus argumentaciones, el Consell ha recordado el Informe de la Abogacía de la Generalitat sobre los criterios manifestados por la Unidad de Auxilio Judicial, relativo a determinados contratos celebrados por diversos órganos y entidades de la Generalitat.

El informe de la Unidad de Auxilio Judicial provocó que el juez Pedreira solicitara el pasado 30 de abril a la Generalitat Valenciana que identificara a los responsables de 17 departamentos de esta Administración que contrataron con empresas de la trama.

El documento de la Abogacía, que ahora recuerda el Consell y que fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, analizaba caso por caso los contratos en los que se detectaron las supuestas irregularidades.

Este informe defiende la legalidad de los contratos del Gobierno valenciano con la "trama Gürtel" y asegura que el president, Francisco Camps fue "totalmente ajeno" a las decisiones de contratación.

El escrito del abogado general de Valencia, al que tuvo acceso Efe, atribuye una total "falta de rigor" al informe de la Unidad de Auxilio Judicial que concluye que la Generalitat vulneró la normativa de contratación pública mediante el fraccionamiento de contratos.

A su juicio, el informe de la Unidad de Auxilio Judicial parte de "premisas erróneas" al considerar que hay una única forma de proceder legal en materia de contratación.

En este sentido, indica que los contratos con sociedades investigadas en el "caso Gürtel" eran diferentes expedientes, por lo que entiende que es "erróneo" considerar que existió fraccionamiento y defiende que la contratación fue ajustada a derecho.

Asimismo, la Abogacía de la Generalitat asegura en su informe que Francisco Camps y su gabinete "son totalmente ajenos" en materia de competencias a las decisiones de los órganos de contratación y negaba que el departamento de Presidencia fuera participe de una "supuesta contratación irregular".

Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes", considerado el responsable en Valencia de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa, fue la empresa proveedora de servicios en 45 de los expedientes citados por la Unidad de Auxilio Judicial por un montante de 6.829.079,16 euros.

La Abogacía General de la Generalitat denuncia asimismo en su informe que las apreciaciones de la Unidad de Auxilio Judicial "se basan en meras presunciones" que no se sustentan documentalmente, como la "obsesión" con el fraccionamiento de contratos o la duplicidad de los pagos, "que nunca ha quedado acreditada".