El PP es una olla a presión. El auto del juez Antonio Pedreira que envía la ramificación valenciana del caso Gürtel al TSJ de la Comunidad y en el que se desvelan indicios sobre la presunta comisión de siete presuntos delitos en la actuación de la cúpula del Consell y del PP que lidera Francisco Camps aceleró ayer los movimientos para tratar de buscar una salida al futuro del presidente de la Generalitat, dispuesto, al menos por ahora, a atrincherarse, pero que ya se aferra al último asidero del precipicio. Y el titular del Consell parece estar decidido a morir matando. Hasta el punto, de que hace unos días llegó a amenazar a un interlocutor de Génova con romper el PP y liderar una escisión de corte regionalista en los próximos comicios autonómicos de 2011 en el caso de que se le obligue a dimitir. Así lo sostienen dirigentes populares, extremo que, sin embargo, Presidencia rechazó anoche por completo.

Mientras Ricardo Costa -hasta ahora el único defenestrado en las filas del PP de la Comunidad por el caso Gürtel- abandonaba con la cara desencajada su escaño en las Cortes tras conocerse la noticia y a Vicente Rambla le cambiaba el semblante después de enterarse del auto que le implica en la trama a través de una alerta de móvil, en las filas del PP se empezó a desatar la tensión. En Génova, de momento, guardan silencio. Aunque la procesión vaya por dentro. Mariano Rajoy permaneció durante toda la tarde, apuntaron fuentes populares, reunido en la sede con algunos de sus más directos colaboradores. No hubo ni declaración oficial del PP tras conocer el durísimo auto de Pedreira ni tampoco un comunicado de apoyo a Francisco Camps.

Lejos de eso, en estos momentos, en Génova se empieza a interiorizar la necesidad de que el presidente de la Generalitat debería preparar las maletas y marcharse para no deteriorar, aún más, la imagen del PP. Al jefe del Consell se le pidió desde Madrid que diera la cara cuando el Supremo reabrió hace tan sólo unos días el caso de los trajes y que ofreciera explicaciones convincentes. Ahora, desde Génova, esperan su reacción para afrontar una decisión definitiva. Al PP le aprietan los plazos. Entre junio y julio, la dirección que encabeza Mariano Rajoy tiene que decidir los candidatos en las trece autonomías que celebran sus comicios en 2011. Y el escándalo que los populares tienen montado en Valencia condiciona todo el proceso. Máxime cuando existe pleno convencimiento de que, en ningún caso, Camps debe seguir por mucho tiempo -el tope máximo es la apertura de juicio oral- y que, por tanto, no debe ser candidato.

¿El problema? Mariano Rajoy, reacio a tomar decisiones fulminantes y partidario de las agonías a medio plazo, no quiere destituirle directamente desde Madrid. Pretende, de alguna manera, repetir con el jefe del Consell la operación que ensayó en su día con el ya ex senador Luis Bárcenas. Es decir, propiciar que sea el propio Camps el que decida marcharse para atajar la crisis del partido y, acto seguido, plantear la suspensión de militancia. "Todos los que han sido imputados se han marchado inmediatamente. No puede haber dos varas de medir", apuntaron ayer dirigentes del PP.

El escollo, en estos momentos, sin embargo, es que el presidente de la Generalitat no está por la labor de dejar el cargo y centrarse en su defensa judicial. Todo lo contrario. Se mantiene en sus trece de atrincherarse y venderá cara su derrota. La revelación de cargos del PP sobre las insinuaciones de Camps para "resucitar" el regionalismo, que se quedó sin representación en las Cortes en 1999, y liderar otro partido en 2011 son una buena muestra de ese escenario de tensión interna. La intención del jefe del Consell, por ahora, es resistir. Eso quedará explicitado durante el debate que hoy protagonizará en las Cortes y se evidenció durante toda la jornada. Presidencia volvió a esgrimir el informe de la Abogacía de la Generalitat que asegura que la contratación de la Generalitat se ajusta a la legalidad. Y el PP emitió un comunicado en el que asegura, en relación al delito de financiación ilegal, que sus cuentas están en orden. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, trató de reducir la importancia del auto y la redujo a un "mero trámite" del procedimiento judicial.

En la Generalitat y en la cúpula del PP de la Comunidad están dispuestos a aguantar "hasta el final". Ya se ha descartado, por completo, la convocatoria de elecciones anticipadas en octubre. Y tampoco se organizarán más actos, por ahora, de homenaje a Camps para no volver a visualizar la fractura del PP en la Comunidad, con la ausencia de Alicante, y el divorcio con Génova. Madrid, en este contexto, ha pedido calma a los barones provinciales hasta abrir una vía de escape. Joaquín Ripoll ayer no habló pero algunos de los suyos le empujan a marcar aún más distancias con Camps. "Todos -verbalizó uno de los afines a Ripoll- no somos iguales".