El magistrado Antonio Pedreira, al mando de la investigación del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, se adentrará hoy en el corazón de la ramificación valenciana de la trama con el interrogatorio de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la red corrupta en la Comunidad y responsable de Orange Market, la mercantil de la franquicia Gürtel en Valencia que se llevó durante un lustro jugosas adjudicaciones de la Generalitat. En principio y salvo que concurra un nuevo aplazamiento, Pedreira tomará declaración a El Bigotes, pieza clave en la trama valenciana de Gürtel, con el objetivo de aclarar los contratos que la red corrupta firmó con el Consell.
La declaración de El Bigotes, amigo de Francisco Camps, se produce casi una semana después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso de los trajes, la causa por cohecho vinculada a la operación Gürtel que tendrá que volver a asumir el TSJ de Valencia. En Madrid, en principio, el juez Pedreira investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad, el presunto cobro de comisiones en las contratas con motivo de la visita del Papa a Valencia y el amaño de contratos del Consell para adjudicárselos a la red Gürtel, comandada desde Madrid por Francisco Correa.
Orange Market era la mercantil que dirigía Álvaro Pérez y que se adjudicó, entre otras decenas de adjudicaciones, la contratación de los estands de Fitur a lo largo de los últimos cuatro años. El sumario revela que, a cambio, El Bigotes habría pagado trajes a Camps, por importe de 12.783 euros, operación que podría costarle al presidente de la Generalitat sentarse en el banquillo por un supuesto delito de cohecho impropio. El Supremo revocó la decisión de archivo que, en su día, tomaron dos magistrado del TSJ -José Francisco Ceres y Juan Luis de la Rúa, presidente del alto tribunal valenciano- con el voto particular del magistrado Juan Montero.
La decisión del juez Pedreira de tomar declaración a El Bigotes se produce una vez que el instructor tiene en su poder sendos informes, uno de la Agencia Tributaria y otro de la unidad de auxilio judicial, que desvelan, respectivamente, presuntas irregularidades en la contabilidad del PP de la Comunidad, lo que podría estar vinculado a la financiación del partido a través de la red Gürtel; y el amaño de decenas de contratos que fueron adjudicados desde la Generalitat a las empresas de la trama burlando la ley y de forma fraccionada para evitar un concurso público. Ambos documentos han sido criticados desde el PP de la Comunidad que, incluso, no les otorga credibilidad.
Rajoy no; Cospedal tampoco
Mientras tanto, tras la decisión del Supremo, Mariano Rajoy sigue sin salir en público a defender a Francisco Camps. Tampoco lo hizo ayer María Dolores de Cospedal, en su habitual comparecencia tras el encuentro del comité de dirección del PP. "Lo que comparto con el presidente Camps es que ningún presidente y ninguna persona de bien y con responsabilidad política se vende por tres trajes", aseveró mientras eludía dar respaldo al titular de la Generalitat. De hecho, sobre la posibilidad, una vez que el jefe del Consell volverá a ser imputado por cohecho, de una sanción disciplinaria, De Cospedal ratificó que "vamos a esperar a que se desarrolle el procedimiento judicial". "El partido -insistió en su argumentación- va a estar a lo que digan los tribunales". Esas palabras chocan con la intervención de Mariano Rajoy en la que llegó a asegurar que Camps repetiría en 2011 como candidato "dijera lo que dijera la Justicia". Eso fue antes de la decisión del Supremo. Después no se le ha vuelto escuchar hablar de este asunto.
La número dos popular, que mantiene una relación tirante con Camps, dejó claro, en este sentido, que su partido "confía en la Justicia" aunque, en ese punto, aprovechó para cargar también contra los socialistas. "Como es bien sabido este procedimiento judicial, se inició en virtud de una actuación de la Fiscalía ordenada directamente por la vicepresidenta primera del Gobierno desde Centroamérica", resaltó.
La exquisita neutralidad que mostró con Camps se manifestó, incluso, al ser interrogada, en este sentido, sobre las declaraciones de Camps en las que tildaba "de risa" la decisión del Supremo que puede acabar sentando al presidente de la Generalitat en el banquillo. De Cospedal echó balones fuera, dijo no conocer las declaraciones y se mostró convencida de que estuvieron dentro de "un determinado contexto". "El Partido Popular respeta la decisión del Supremo", tiró de argumentario.
Mientras, en las Cortes se inicia la semana parlamentaria y, como es ya habitual durante los últimos quince meses, la oposición, tras la resolución del alto tribunal que pone al presidente de la Generalitat a las puertas del banquillo, mantiene el acoso contra Camps. Así tanto el socialista Ángel Luna como Enric Morera, síndic de Compromís, -el grupo que comparten los diputados del Bloc e Iniciativa- ya han registrado preguntas para la sesión de control al presidente de la Generalitat relacionadas con la situación judicial de Camps en el caso Gürtel.
