Un juez de Alicante investiga a Hansa Urbana por un presunto fraude fiscal en la venta de suelo a una empresa de Enrique Ortiz, según confirmó ayer este diario en fuentes judiciales. La cuantía del supuesto delito contra la Hacienda pública superaría los seis millones de euros. El caso ha recaído por el turno de reparto en el juzgado de Instrucción número uno de Alicante, cuyo titular es el magistrado Gordiano Casas, que ahora deberá citar a declarar al menos a cinco personas como imputados.
La querella se presentó por la Fiscalía de Alicante tras recibir un informe de la Agencia Tributaria el pasado 6 de octubre. El presunto fraude fue detectado por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de este organismo, un servicio especializado para dar servicio a las sociedades con un alto volumen de operaciones. El fisco alertaba de irregularidades en una devolución de 6.105.247 euros. La investigación realizada por el ministerio público vio indicios de delitos de falsedad y contra la Hacienda pública, por lo que se remitió una denuncia al juzgado para que se investiguen los hechos.
Según los datos recabados por este diario, el supuesto fraude se cometió en una operación de venta de terrenos de Hansa a una empresa de Ortiz en el PAU5 de la Playa de San Juan. El suelo estaba arrendado a Ortiz y su entonces socio Aurelio González Villarejo a quienes posteriormente fue vendido, aunque a nombre de una empresa diferente. Con esta operación, se beneficiaban de una desgravación fiscal por el Impuesto del Valor Añadido superior a la que realmente le correspondía, según sostiene la Fiscalía. La denuncia se remitió por el ministerio público al juzgado el pasado 5 de febrero y todavía se está pendiente de que se citen a declarar a los implicados en el supuesto fraude.
La Fiscalía ha pedido la declaración como imputados a los representantes legales de las empresas que intervinieron en la operación, un total de cinco imputados, entre ellos personas próximas a la familia Galea, que se encuentra al frente de Hansa Urbana. Las citaciones se irán concretando en las próximas fechas y, aunque el juez ya ha abierto diligencias, aún no hay nadie imputado por estos hechos.
Fuentes de Hansa Urbana explicaron a este diario que en su día la operación contó con el respaldo de sus asesores financieros, quienes les dijeron que todo estaba en regla y no había ninguna ilegalidad, por lo que se mostraron "tranquilos" por la apertura de la investigación judicial. Este diario intentó ayer ponerse en contacto con Enrique Ortiz pero no fue posible localizarle, aunque fuentes de su entorno aseguraron que no tenía constancia de la investigación judicial. Tampoco fue posible localizar al empresario Aurelio González Villarejo, otro de los compradores que intervinieron en la operación.
