JUANJO GARCÍA GÓMEZ
Los responsables de violencia machista con resultado de muerte podrán verse privados, a instancias de la Generalitat y siempre que el juez le dé la razón, de la patria potestad de los hijos, que recaería en el régimen de adopciones de la Administración o en un familiar, según el anteproyecto de ley contra la violencia de género que ayer entregó en las Cortes a todos los grupos la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Con 24 mujeres asesinadas en los 131 días transcurridos de 2010, Gobierno y oposición hicieron un alto en la pelea partidista y, la víspera del veredicto Gürtel sobre Camps, se conjuraron para consensuar la primera norma valenciana que combatirá esta lacra. Es la primera vez que un anteproyecto del Consell va a las Cortes antes y se espera que la Cámara, por donde desfilarán decenas de personas para realizar sus aportaciones, selle un "gran pacto social", resaltó Sánchez de León.
La norma aporta novedades respecto a la ley orgánica contra la violencia de género. Una de ellas otorga a la Generalitat capacidad, cuando se persone como acción popular y en los casos de fallecimiento de la víctima, para solicitar al juez la privación al presunto autor de la patria potestad de los hijos, que quedaría bajo la tutela del Consell o en algún familiar. Ahora, la patria potestad es del agresor, salvo que el juez decida otra cosa. La Administración podrá declarar "la posible situación de desamparo", cuando exista "un peligro para la integridad física o psíquica" de los niños.
La consellera también resaltó que el borrador amplía el concepto de víctimas de violencia de género a los menores y a las personas dependientes de las mujeres (ascendientes). Así, éstos tendrán derecho, en caso de muerte de la mujer, a recibir una indemnización económica. El anteproyecto contempla asimismo la creación de un "fondo de emergencia" para que estas mujeres tengan derecho a "ayudas económicas inmediatas, de pago único", que les permitan afrontar cuestiones como el cambio de una cerradura, el pago de una fianza de alquiler o tener que regresar a su país de origen.
El texto, destacó la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, no limita la violencia de género, como la ley estatal, a las relaciones de pareja, presentes o pasadas, sino que lo extiende al maltrato "perpetrado a mujeres en el contexto laboral, social y comunitario", así como las derivadas de ciertas tradiciones, como la mutilación genital. De este modo se ampara con estas medidas asistenciales a las víctimas del "acoso sexual, las agresiones sexuales fuera de la pareja o extrapareja y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual". El anteproyecto, que contempla la figura del delegado del Consell para la Violencia de Género, prevé ayudas para facilitar a las víctimas el acceso a la vivienda o la inserción laboral.
08:24
