"Me comprometo a inaugurar las obras del nuevo Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig dentro de 15 días". Ajeno al calendario judicial que marca el Supremo y su resolución del próximo miércoles, el presidente de la Generalitat se dirigió ayer en un acto público a la alcaldesa de San Vicente, Luisa Pastor, para asegurarle que estará presente dentro de dos semanas en la apertura de las nuevas instalaciones municipales. Un compromiso formulado ante más de 200 empresarios que confirma la intención del jefe del Consell de seguir adelante, más allá de lo que resuelva el 12 de mayo el Supremo sobre la reapertura o no del caso de los trajes regalados por la trama.

Acompañado por los consellers Juan Cotino y Mario Flores y la alcaldesa Castedo, Camps se esforzó ayer en Alicante durante la entrega de los XI premios de la Federación de Obra Pública (Fopa) por dar una imagen de normalidad institucional y de tranquilidad personal bajo el chaparrón que cae a diario por el "escándalo Gürtel". Una tormenta que arrecia conforme se acerca la decisión del Alto Tribunal.

Con todo, la procesión va por dentro y el entorno del jefe del Consell reconoce que su estrategia pasa por resistir el duro día a día de ataques de la oposición, grandes titulares en la prensa sobre el escándalo y providencias judiciales como la reciente del magistrado Pedreira que reclamó la identificación de los responsables de 17 departamentos de la Generalitat que adjudicaron contratos a Orange Market, la empresa de El Bigotes, entre 2004 y 2009.

En apoyo de Camps volvió a salir ayer la cúpula nacional del PP y varios cargos y dirigentes de la Comunidad, entre ellos el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, cuyo nombre ha sonado como posible sustituto del líder regional si cae definitivamente en desgracia. "No hay plan B; sólo plan C: el plan de Camps como candidato", destacó Fabra. La defensa más llamativa la formuló el vicesecretario nacional de Comunicación, Esteban González Pons -otro de los que suenan como potencial alternativa-, que comparó el caso de los trajes con el del regalo de un premio en metálico a la presidenta del Tribunal Constitucional, Emilia Casas, para mostrar su convicción de que el Supremo archivará el asunto "definitivamente" el día 12.