Las togas siguen igual

JOSE ANTONIO MARTÍNEZ ­En poco o, mejor dicho, en nada van a notar los usuarios de los juzgados la entrada en vigor a partir de hoy de la gran reforma que busca modernizar la Administración de Justicia. Los aspectos que se aplicarán serán de mero maquillaje con escasas aplicaciones prácticas. Ni se van a crear aún nuevos servicios comunes para todos los juzgados que buscan agilizar los procedimientos; ni los secretarios van a dejar de entrar a los juicios para encargarse de organizar la agenda del juzgado, a pesar de que desde hoy se van a aumentar sus competencias.
El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, ya reconoció en su día que esta reforma «ha llegado en el peor de los momentos presupuestarios posibles». La consellera Paula Sánchez de León se reunió ayer con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para explicarle «la ambiciosa hoja de ruta» de la conselleria para aplicar la medida. La reforma se implantará de manera escalonada por territorios de aquí al año 2014. El partido judicial de Alicante ha sido relegado a la última fase de aplicación del plan, a la espera de que esté construida la Ciudad de la Justicia. Las sedes judiciales de Benalúa y de la Audiencia están tan obsoletas que hacen inviable que se puedan aplicar todos esos macroservicios comunes que pretende la reforma, de ahí la necesidad de contar con el nuevo edificio.
Sobre el papel, con la puesta en marcha de la llamada nueva oficina judicial deberán crearse tres grandes servicios comunes que buscan simplificar trámites y agilizar gestiones en los juzgados. De estas tres grandes oficinas previstas en la reforma de momento sólo se va a crear una, aunque en la práctica es tan sólo un cambio de nombre de otra que ya está funcionando en la actualidad. Son los Servicios Comunes Generales que se encargan del registro y reparto de las demandas, así como de los actos de comunicación de los juzgados. La conselleria de Justicia se ha comprometido a crear una de estas oficinas por cada partido judicial antes de final de año. Este es el trabajo que ya están haciendo los decanatos, por lo que la única novedad será el cambio de nombre.
Quedan de lado las otras dos grandes oficinas: una para ordenar los procedimientos y sacar adelante todo el trabajo burocrático antes del juicio; y otra para la ejecución de las sentencias. Los juzgados se quedarían con un personal mínimo para juzgar y sentenciar. Hasta que no se creen estas oficinas, en los juzgados de Alicante el sistema de trabajo va a seguir siendo el que se ha venido aplicando hasta ahora.
Otro puntal de la reforma es la ampliación de las competencias de los secretarios judiciales que podrán resolver cuestiones que hasta ahora sólo eran competencia del juez. Esta medida iba a ser posible por el hecho de que los juicios van a ser grabados íntegramente, con lo que se liberaba a los secretarios de estar presentes toda la vista. Las cámaras están instaladas en todas las salas, pero los equipos no cuentan con la aplicación que permita a los secretarios levantar el acta para dar fe de que todo se graba correctamente. Este bache burocrático va a suponer que los secretarios van a tener que seguir entrando a juicios para evitar problemas de posibles nulidades. Sin embargo, desde hoy van a tener que asumir las nuevas competencias. Hasta final de año no está previsto que se solvente esta situación.