Los recursos que ponen los padres en los tribunales están impidiendo que se sancione con la expulsión del centro a los alumnos que el profesorado considera más conflictivos. En los últimos dos años, al menos media docena de las familias que han puesto la expulsión de sus hijos en manos de abogados han logrado evitar, gracias a resoluciones judiciales, la pretendida sanción, lo que, desde el punto de vista de los directores de los centros, echa por tierra la autoridad del profesorado.
«Hemos pedido asesoramiento legal a la Conselleria de Educación porque esta situación es de su responsabilidad. Se está poniendo muy difícil sancionar cuando un padre decide que su hijo no cumpla lo decidido por el centro para evitar nuevos conflictos, pero los menores necesitan unos límites porque, si no, ¿qué sería de la sociedad?», señala la portavoz de los directores de institutos de la provincia, Laura Oliva.
En la última asamblea celebrada por el colectivo de los responsables de los centros de Secundaria, numerosos directores lamentaron no contar con un asesor jurídico para poder completar los expedientes sancionadores adecuadamente y evitar que, «por defecto de forma en muchas ocasiones», la sanción caiga en saco roto, y siembre entre el resto del alumnado la sensación del «todo vale».
El decreto de Convivencia 39/2008, aprobado por el Consell hace dos años, es la normativa a la que acuden los directores para aplicar las sanciones correctoras cuando los alumnos cometen actos de indisciplina: injurias y ofensas a otros miembros de la comunidad escolar, deterioro del material del centro, daños a la integridad y la salud de los demás, la negativa sistemática a participar de la enseñanza, uso inadecuado de las nuevas tecnologías y teléfonos móviles, o la negativa a cumplir las medidas correctoras.
Las medidas correctoras
Entre las medidas correctoras figuran la amonestación verbal, la comparecencia ante el director, la amonestación por escrito, la retirada del móvil, la expulsión de las clases un máximo de cinco días, hacer tareas educativas en horario no lectivo, y quince días como máximo sin actividades extraescolares. Todas estas « medidas correctoras, serán inmediatamente ejecutivas», como contempla textualmente el decreto que aplican los responsables de los centros.
Pero la puesta en práctica está demostrando que no es fácil. La federación provincial mayoritaria de padres de alumnos, «Gabriel Miró», ha contratado a un asesor jurídico gratuito para sus afiliados que, en los dos últimos años, ha logrado dar la vuelta a la tortilla e impedido que se cumplieran las sanciones de expulsión en al menos media docena de casos.
Los defectos de forma en los documentos que presentan los directores de los centros, cuando los abogados de los padres les reclaman la notificación formal tanto de los hechos, como de la infracción y de la sanción, con sus correspondientes artículos, impiden la expulsión «porque se vulneran los derechos a la educación y la protección del menor», explica el asesor jurídico de la federación de padres, Javier Ferrández.
El representante de los padres, Ramón López, lamenta que ya no sea el Consejo Escolar, donde está representada toda la comunidad educativa, quien decida sobre las expulsiones, sino que lo pueda hacer el director para agilizar las medidas correctoras. «Nunca estaremos de acuerdo con medidas punitivas, sino pedagógicas, salvo para casos excepcionales que deban ir a la Fiscalía de Menores», indica López.
