Se aprovechó de la situación de desamparo y soledad de los ancianos que tenía a su cuidado para obligarles a que le cedieran sus bienes y quedarse con ellos. Ésta es la tesis que sostiene la Fiscalía para sentar en el banquillo a la propietaria de una residencia de ancianos de Mutxamel, María Josefa S. D., para quien pide penas que suman casi doce años de prisión por siete delitos de estafa. Algunos de ellos eran personas con problemas de Alzheimer y demencia senil. La dependencia afectiva que tenían hacia sus cuidadores los hacía fácilmente manipulables para conseguir de ellos lo que quería. Se quedaba con sus joyas, sus propiedades, hasta con el dinero de sus cuentas y firmaban una declaración ante notario en la que le daban poderes para gestionar totalmente sus bienes o la nombraban heredera universal. Algunos los familiares llegaron a sacar de la residencia a sus mayores, al detectar las maniobras de la acusada y presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Los hechos ocurrieron entre los años 1996 y el 2002. El juicio se celebrará la próxima semana de martes a jueves en la Audiencia Provincial.

Entre los afectados hay dos hermanas que tenían buenas relaciones hasta que una de ellas ingresó en la residencia en el año 1998. No tardó ni cuatro meses en firmar un escrito ante notario en el que revocaba el permiso que tenía su hermana para disponer a sus bienes desde que ella entró en el centro. También le reclamó que le entregara todas las joyas y las cartillas de las cuentas. En ese mismo mes, firmó un poder notarial autorizando a la acusada disponer de los bienes y la nombró heredera universal. La mujer murió de un infarto de miocardio en diciembre de ese año. Por cambiar, se había cambiado hasta su última voluntad de ser enterrada en el panteón familiar en Madrid junto a su marido. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas arrojadas al mar. Los bienes que la dueña de la residencia obtuvo de esta mujer superaban los 150.000 euros, según el fiscal.

En 1999, ingresó otro residente de 81 años con demencia senil avanzada. El interno fue alojado con otra mujer a la que la dueña del geriátrico decía que le debía 39.000 euros por su estancia los últimos cuatro años. Los dos compañeros de habitación fueron llevados a un notario para que cada uno incluyera al otro en su testamento y les abrió una cuenta conjunta para que se ingresara allí el dinero de sus pensiones. Los hijos del hombre detectaron la maniobra y le sacaron de allí tras interponer denuncia. El fiscal señala que el hombre era especialmente vulnerable a ser manipulado por su estado mental.