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La Abogacía de la Generalitat ha asegurado hoy que "todas las contrataciones realizadas por la Administración autonómica se ajustan a la más estricta legalidad y cumplen lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
La Abogacía se ha pronunciado así después de que el PSPV-PSOE haya dado a conocer hoy un informe de la Unidad de Auxilio Judicial que analiza 85 operaciones de la Generalitat del mandato de Francisco Camps y afirma que "en más de 50 ocasiones se ha vulnerado la ley" con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.
Según indica un comunicado remitido por el Gobierno valenciano, la Abogacía ha subrayado, a través de un informe, que la Generalitat, en el marco de sus competencias, "ha actuado en todo momento con la más absoluta corrección y legalidad en todos los temas relacionados con la contratación pública".
De esta manera, ha insiste en que la gestión de la Generalitat "ha sido perfectamente auditada y fiscalizada sin que se haya encontrado ningún elemento de ilegalidad en los órganos de control como son la Intervención General o la Sindicatura de Comptes".
El informe redactado por la Abogacía concluye, según el citado comunicado, manifestando "su total discrepancia con las desproporcionadas, infundadas y en algún caso falsas conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que se ha extralimitado en sus apreciaciones respecto a una actividad contractual realizada por esta Administración de forma totalmente ajustada a la legalidad vigente".
Respecto a las valoraciones del informe dado a conocer hoy "cabe aclarar que todos los contratos son legales, no sólo porque las empresas contratadas son diferentes y la cuantía es correcta, sino porque el órgano contratante es diferente en cada uno de los casos y la contratación se produce para labores diferenciadas".
"En el momento de la contratación no había indicio alguno, ni investigación conocida que pudiera alertar sobre un presunto entramado de empresas", añade el informe, reitera que "todos los pagos han sido debidamente fiscalizados sin que haya existido ilegalidad en ninguno de ellos".
"El informe analiza 85 operaciones, lo que representa el 0,04% del total de los contratos realizados por la Generalitat en el periodo al que se refiere dicho informe. No existen facturas duplicadas: todas las facturas responden a objetivos diferentes, tangibles, reales y ejecutados y por supuesto ninguna instancia de la Generalitat ha pagado dos veces por el mismo servicio", remarca.
El informe, critica el comunicado, "pone en cuestión" a los funcionarios de la Generalitat: "por un lado reconoce que estas operaciones no proceden del mismo órgano o unidad administrativa y por el otro cuestiona el recto trabajo de los funcionarios".
"Nunca un miembro del gabinete de la presidencia ha tenido la responsabilidad de decidir sobre estas contrataciones, como así se recoge en el decreto pertinente", por lo que "esta valoración aparecida en el informe demuestra un profundo desconocimiento de la normativa de Administración de la Comunitat Valenciana y su sector público".
