La nueva normativa sobre el servicio de comedores escolares, que prepara la Conselleria de Educación, modifica el actual sistema de contratación para asegurarse la solvencia y peso de las empresas que vayan a prestar el servicio.

En el trasfondo de este nuevo sistema, que sigue las pautas de la ley de Contratos del Sector Público, subyace la intención de que ningún colegio pueda verse en el brete de tener que cerrar el comedor, en el caso de que la Administración se retrase en el pago de las ayudas contempladas para su funcionamiento. Y es que las empresas a las que se podrá contratar se habrán comprometido previamente en el número de centros a los que poder atender y suministrar.

Temores

Algunos de los directores de colegio consultados por este diario no descartan que el Consell quiera aprovechar la nueva normativa para arrebatar a los colegios la gestión del comedor, extremo este que supondría el hundimiento de buena parte de los centros públicos que sobreviven gracias, precisamente, a los beneficios que logran sustraer por el comedor.

Sin embargo, tanto desde la propia Conselleria de Educación como desde la Permanente de directores de Primaria de la provincia de Alicante, descartan dicha posibilidad, a la vista del contenido del borrador que modifica la contrata del comedor. Ginés Pérez, portavoz del colectivo de directores, asegura que los centros seguirán eligiendo -de entre el listado que ahora determine la Conselleria de Educación para asegurar que todas las empresas estén homologadas- las tres que más les convengan por orden de preferencia, y que la conselleria concederá la licencia a la primera que determine cada consejo escolar.

También descartan que se limite la capacidad de los centros a la hora de emplear los fondos económicos que genera el comedor escolar, dado que la normativa mantiene que exista un superávit, que la mitad del mismo revierta en el propio servicio de comidas, y que en el caso de existir déficit y documentarlo adecuadamente, la propia Generalitat se hará cargo.

El precio máximo del menú sigue fijándolo la Administración educativa. Actualmente es de 4,22 euros al día, 77 euros al mes. De este coste, el Consell abona en concepto de subvención a los centros, para el funcionamiento del comedor, 1,44 euros por cada alumno que se queda a comer. Además, ingresa otros 3,91 euros a cada uno de los alumnos que tiene beca.

Las cuentas

Haciendo cuentas, los colegios reciben de Educación una media de 13.000 euros al año para su funcionamiento y obtienen casi otro tanto de beneficio por el coste del comedor, dinero que en su mayoría revierten para el mantenimiento del servicio del comedor y para mejoras en el colegio en general, sobre todo en cuestión de material escolar de calidad.

Este sistema explica el temor de determinados directores a perder la gestión del comedor, extremo que descarta el portavoz del colectivo provincial: "La financiación no cambia, es sólo que ahora la conselleria autoriza empresas y los colegios proponemos la que queremos".

La comida como acto educativo y sanitario

Apenas una decena de empresas se reparten el bacalao del servicio de los comedores escolares en la provincia y los colegios tratan de escogerlas negociando mejoras que van más allá del servicio puramente alimenticio. Con el nuevo sistema de adjudicación, los directores no descartan aplicar estos mismos métodos porque el borrador de la nueva orden de comedores especifica que "el servicio de comedor prestará especial atención a la formación de buenos hábitos alimenticios del alumnado y se regirá por normas dietéticas para la prevención del control del sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia". La Conselleria de Sanidad remitió el curso pasado a los colegios una guia saludable en este sentido. Junto a ello, se contempla una "función educativa del comedor", principalmente para la "adquisición de hábitos sociales e higiénico-sanitarios", además de un "plan de actividades educativas y recreativas", que son las que desarrollan los monitores. El propio borrador admite que los colegios amplíen, si así lo desean, el número de monitores contratados, que se encargan de todas estas funciones, aunque la normativa especifica que, si se sobrepasa el personal estipulado según el número de alumnos, el coste de la contrata extra de monitores deberá correr a cargo de los fondos de que disponga el colegio. La federación de padres de alumnos "Gabriel Miró" vuelve a reclamar que se incluyan septiembre y junio en las becas de comedor, porque entonces cuesta a cada alumno cerca de 90 euros.