La penetración de El Bigotes -delegado de la franquicia Gürtel en Valencia- en el Consell llegó a tal extremo que en 2005, tras hacerse con los jugosos contratos de Fitur, alcanzó al área de Presidencia, el corazón de la Generalitat bajo mando directo de Francisco Camps; y a la conselleria de Educación, remisa a pagar los gastos de funcionamiento de colegios y comedores escolares, pero dispuesta, como otros departamentos autonómicos, a engordar las cuentas de las empresas de la trama, tal y como se desprende de la documentación incluida en el sumario de la operación Gürtel, que instruye el magistrado Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid.

A 24 horas de que el jefe del Consell acuda a las Cortes para enfrentarse a la oposición a cuenta del monotema que cautiva la agenda política de la Comunidad, el síndic socialista, Ángel Luna, aprovechó para volver a poner sobre la mesa nuevas pruebas de la relación entre la trama de El Bigotes y Francisco Correa con la Generalitat. Ocho nuevas adjudicaciones, todas ellas documentadas en el sumario judicial, salieron a la luz. Facturas por 147.000 euros que Presidencia y Educación, los dos departamentos que tramitaron los expedientes, fraccionaron para poder ejecutar las contrataciones "a dedo" y sin someterse a la restricción de ningún tipo de concurso público.

El 17 de febrero aparecen tres facturas con otras tantas sociedades de la red -Orange Market, Down Town Consulting y Boomerang Drive- que incluyen pagos relacionados con la realización de un mismo trabajo encargado desde Presidencia. Dos de ellas se ajustan a 12.020 euros, el tope legal hasta el que se permite adjudicar como contrato menor; y otra se expidió por 10.500. El Consell dividió el trabajo -la compra de una partida de 1.200 USB, un artilugio informático; y el asesoramiento para una guía de comunicación- en tres contratos para burlar el concurso y tener manos libres para facturar con las sociedades de la red. Los tres pagos se abonaron el 27 de diciembre, en fecha coincidente.

Casi el triple, unos 112.000 euros, se embolsaría también en 2005 Orange Market, la franquicia de la red Gürtel en la Comunidad creada tras la llegada de Camps a la Generalitat, por "montar" un congreso de software libre organizado por Educación en Castellón en el mayo de ese año. Era mucho dinero para dividir todo el gasto y había que evitar el concurso. Así que la Generalitat optó por fraccionar parte del pago en cuatro contratos menores de 12.020 euros -de nuevo en el límite legal-, uno de ellos dedicado íntegramente a pagar el gasto de otra moqueta -como ya ocurrió en Fitur- y de un atril. Y el resto, cerca de 64.500 para el montaje de unos estands en el citado acto de Educación, se canalizó a través de la empresa pública Proyecto Cultural de Castellón, una vía que permite una contratación más opaca. Las cinco facturas están numeradas y ordenadas de forma consecutiva.

Para Ángel Luna, síndic socialista, "hay -advirtió- muchas cosas de las que hablar todavía, tienen muchas explicaciones que dar y las van a dar quieran o no quieran, aquí, en los juzgados o en los dos".