El dilema sobre qué hacer políticamente con Canal 9, sobre cómo plantearse la labor de oposición respecto a una televisión pública de la que están desterradas todas las voces discrepantes con el Consell -según reiteradas denuncias sindicales, del extinto comité de redacción y del Síndic de Greuges, José Cholbi-, ya rondaba a Ignasi Pla en los meses previos a las elecciones de 2007. Tres años después y unos cuantos escándalos de grueso calibre más tarde, el actual líder del PSPV, Jorge Alarte, ha decidido convertir RTVV en uno de los ejes sobre los que vertebrar su labor de oposición en año preelectoral.
"El deterioro de la situación política, profesional, económica y ética del ente público ha llegado a niveles imposibles de tolerar por una sociedad democrática", es una de las sentencias del documento aprobado ayer por la dirección socialista y que contiene un decálogo de acciones de aplicación inmediata para sanear el "epicentro de la mayor trama de corrupción política destapada en la historia reciente de nuestro país", se dice en alusión a la red Gürtel. Ese episodio y la denuncia de tres trabajadoras contra el secretario general del ente, Vicente Sanz, por acoso sexual han supuesto una vuelta de tuerca más en la degeneración de la televisión pública a ojos del PSPV.
Ha sido el detonante para acentuar la labor de oposición en este frente y exigir medidas de higiene democrática, empezando por la dimisión del director general López Jaraba por "encubrir" el escándalo sexual, según los socialistas, y no aclarar los contratos Gürtel de Canal 9. Como avanzó este diario a partir de la revisión de seis tomos del sumario del TSJ de Madrid, RTVV gastó al menos 12,4 millones de euros en trece contratos con ocho empresas, entre ellos el de Teconsa (7,4 millones), que generó una comisión de 957.300 euros para la red de Correa, canalizada a través de la subcontratista Apogee Telecomunicaciones.
Nuevas medidas
Esta firma sevillana, a la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, acudió a llenar el maletín, obtuvo directamente del ente público un contrato de 100.000 euros por supuestos servicios de seguridad. Para articular nuevas medidas que pongan en evidencia la gestión de RTVV, Jorge Alarte reunió ayer a todos los que en el PSPV tienen algo que ver con Canal 9 para conminarles a acentuar la labor de desgaste y fiscalización de la cadena autonómica valenciana.
Los diputados de la comisión de control de RTVV (Nuria Espí, Manuel Mata, Carmen Ninet, Vicent Sarrià e Isabel Escudero) y los consejeros socialistas en el ente público (Dolors López, Miguel Mazón, Fini Nicolás y José Ignacio Pastor) abordaron las iniciativas que se emprenderán en las Corts y en el órgano de gobierno del ente público para atajar la crisis de calidad democrática. La otra, la quiebra económica de una cadena que acumula una deuda de 1.200 millones de euros, merece un plan de austeridad extrema. Al término de ese encuentro, Alarte analizó con el letrado Manuel Mata el panorama jurídico de distintos asuntos que afectan a Canal 9 así como posibles medidas a emprender.
Dimisión de Jaraba y expedientes del Papa
Entre las medidas que los socialistas pretenden que se apliquen de forma inmediata en Canal 9 figuran la destitución automática de José López Jaraba, actual director general, por "tapar" el supuesto caso de acoso sexual que afecta al ex número dos de la cadena, Vicente Sanz. El PSPV reclamará que se entreguen los expedientes con los contratos del Papa, un elemento que puede resultar clave en los avances sobre la investigación de la ramificación valenciana de la trama Gürtel. Alarte solicitará, igualmente, un plan de austeridad presupuestaria, la puesta en marcha de un consejo de redacción, medidas a favor de la igualdad con medidas concretas y la aplicación de la llei d'ús i ensenyament del valencià. F. A.
