Alicante será el último partido judicial de la Comunidad en el que se aplique la reforma que pretende modernizar la Administración de Justicia, según las previsiones de la Conselleria de Justicia. El desarrollo de la medida está condicionado a la construcción de la Ciudad de la Justicia. La situación ha provocado numerosas incógnitas e inquietudes entre el colectivo judicial de Alicante, ya que la reforma entra en vigor a partir del próximo 4 de mayo. El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, mantendrá hoy un encuentro con jueces, fiscales, abogados y procuradores para despejarles sus dudas sobre la aplicación de la nueva oficina judicial. Uno de los objetivos de la reunión será conseguir compromisos de fechas para la ejecución de las obras del nuevo edificio, cuyo solar se encuentra frente al Palacio de Justicia de Benalúa.
La Conselleria de Justicia se ha dado un plazo de cuatro años para desarrollar la implantación de la oficina judicial en la Comunidad Valenciana, para la que invertirá siete millones de euros. La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, desgranó la semana las líneas maestras de este plan en toda la Comunidad. Hoy se concretará lo que supondrá la reforma en Alicante, aunque lo que está claro es que se trata del último paquete de partidos judiciales en la Comunidad donde se va a aplicar. La Conselleria sostiene que se trata de una decisión consciente, ya que una de sus prioridades es la construcción de edificio de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que se ha venido demorando desde hace más de diez años. El Consell sostiene que ha tratado de acompasar la implantación de la oficina con las previsiones de cuándo podrá estar acabado el edificio.
Sin embargo, los recelos son muchos, ya que, "si hay problemas para pagar a los abogados del turno de oficio, ¿habrá dinero para pagar el edificio?". En estos momentos, el Ayuntamiento y la Conselleria tienen pendientes la firma del protocolo para la cesión del suelo sobre el que se levantará el futuro edificio. El temor es que se pueda demorar el proyecto hasta diez años más. La Conselleria se ha fijado como límite el año 2014.
Uno de los aspectos clave de la reforma es la creación de grandes servicios comunes para todos los juzgados, y dejar a cada órgano judicial con el personal mínimo imprescindible. El principal problema de los juzgados de Benalúa es que carecen de espacio material en los que ubicar todas estas grandes oficinas de servicios comunes.
Otra de las dudas es lo que ocurrirá con los juicios rápidos civiles que deben resolver sobre desahucios, divorcios y pequeñas deudas en un plazo de dos semanas. Para su puesta en marcha, es necesaria la creación de oficinas de señalamientos inmediatos que fijan la fecha del juicio nada más recibir la demanda. La duda de los jueces es si se crearán estas oficinas en Alicante, o por el contrario se van a posponer hasta que esté culminada la reforma. Se estima que la mitad del trabajo de los juzgados de Primera Instancia serán estos juicios rápidos civiles.
El convenio para la cesión del suelo
aún no está firmado
La permuta por la que el Ayuntamiento cederá a la Conselleria el suelo para la Ciudad de la Justicia todavía no se ha firmado, uno de los requisitos indispensables para que puedan comenzar las obras. El Ayuntamiento cederá al Consell los terrenos a cambio del edificio que actualmente ocupa la Audiencia Provincial. Las obras para la urbanización de la Ciudad de la Justicia y las calles adyacentes finalizaron el pasado mes de febrero. La urbanización de estas calles que rodean la parcela fue una de las exigencias que hizo la Conselleria al Ayuntamiento para aceptar la cesión de la parcela y construir el edificio. El presupuesto de estos trabajos ascendió a 2,7 millones de euros y fueron financiadas con los fondos del Plan E. La incógnita ahora cuándo se prevé que comiencen las obras para levantar este edificio. En su día, las previsiones de la Conselleria de Justicia era dedicar un plazo de tres años para levantar el complejo judicial. El proyecto lleva acumulando retrasos y retrasos, hasta el punto que las obras tenían que haber comenzado en el año 2003. Desde entonces, los jueces alicantinos han estado reivindicando la construcción de esta infraestructura ante el evidente desgaste que tienen las actuales sedes del Palacio de Justicia de Benalúa y la Audiencia Provincial. Hace cuatro años, el presidente de la Audiencia llegó a plantear la posibilidad de que el edificio se hiciera en otra ubicación, si lo que estaba bloqueando el proyecto era la situación urbanística de la parcela. El Ayuntamiento propuso la posibilidad de llevarse el edificio a Rabasa, aunque finalmente esa opción acabó siendo descartada. La nueva oficina judicial requerirá una inversión en infraestructuras tecnológicas que es inviable en los obsoletos edificios actuales.
