Enfadados, indignados e inquietos. Así aseguran sentirse los vecinos del barrio portuario de Heliodoro Madrona que viven, ahora más que nunca, bajo la espada de Damocles después de que el Ayuntamiento haya declarado sus casas en ruina legal. De esta forma, se da vía libre a la demolición de las 24 viviendas que permanecen habitadas, pero los afectados no quieren dejar los hogares en los que llevan años viviendo y rechazan las opciones de realojo que les ofreció el Puerto hace unos meses. Sin embargo, pocos se animan a hablar y los que lo hacen no quieren dar la cara. Temen que sus reivindicaciones les puedan perjudicar, pero sostienen que sus plantas bajas no están tal mal. Aluden a un informe técnico que los residentes entregaron al Ayuntamiento este verano. El arquitecto que lo realizó, Manuel Ayús, rechaza que las viviendas se encuentren en ruina y sostiene que la decisión municipal incumple la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Ayús argumenta que no se cumplen los requisitos para declarar estas casas en ruina legal, porque "el precio de su rehabilitación sería muy inferior del que costaría hacerlas de nuevo". Al respecto, recuerda que la valoración previa al decreto municipal que hizo la Autoridad Portuaria declarando en ruina el barrio "es una falacia porque infravalora la construcción actual e incrementa los costes de la rehabilitación de forma desproporcionada". Ayús asevera que recorrió una por una cada vivienda y que ni siquiera todas necesitan ser reparadas. Uno de los argumentos que el Puerto dio a los vecinos es que las casas formaban parte de una unidad y que la declaración de ruina afectaba a todas por igual, pero el arquitecto lo rechaza, pues recuerda que en 2005 fueron derribadas dos de las 36 viviendas del barrio por ser declaradas en ruina inminente y que su demolición no afectó a las colindantes.
Tras la declaración de ruina legal de las casas por parte del Ayuntamiento, el Puerto tiene que decidir si las rehabilita o, por el contrario, sigue adelante con su intención de derribarlas. El tiempo se agota y el desenlace se acerca. Ayer, en el barrio se palpaba la incertidumbre, pero los vecinos preferían guardar silencio y los que mostraban su indignación lo hicieron bajo el anonimato, para evitar que les pudiese perjudicar, dijeron. Todavía no se han reunido para estudiar la situación, pero algunos residentes consultados confirman su intención de hacerlo para articular medidas de protesta.
"No lo esperábamos, confiábamos en que se tuviese en cuenta nuestro informe en el que se indicaba que las casas no estaban en ruina", lamentó uno de los vecinos, quien aseguró que vive desde hace 28 años en el barrio y no quiere irse de allí. Paga un alquiler que no llega al euro, pero no es eso lo que le ata al barrio. "Aquí tenemos otro tipo de vida y no es justo que las opciones de realojo se encuentren en barrios marginales, sobre todo para los más mayores", asevera. Y es que en el barrio, construido en 1994 por el Puerto para ofrecer viviendas sociales a sus trabajadores, hay personas que llevan allí toda su vida y otras que, incluso, han nacido allí. Es el caso de otra vecina, de 35 años, quien considera que la mejor opción sería que el Puerto rehabilitase sus viviendas y que, en caso de demolerlas, les ofrezca otras alternativas de realojo. "Mi casa está en perfectas condiciones", sostiene esta residente.
La situación no sólo indigna a los vecinos del barrio, también al hijo de quien le dio nombre a este conjunto de casas. Ignacio Madrona explica que su padre, Heliodoro Madrona, promovió la construcción de estas viviendas sociales para los trabajadores cuando era presidente de la Junta de Obras del Puerto. Ahora, se siente dolido al comprobar como "la labor social de mi padre y sus ideas altruistas se las ha llevado el viento porque ahora lo que prima es el dinero".
En opinión de Ignacio Madrona, detrás de la declaración de ruina del barrio "subyace un interés económico". Al respecto, señala que los puertos "ya no son autónomos y deben autofinanciarse y cuando son deficitarios optan por desafectar suelo portuario para destinarlo a otros usos y obtener un beneficio". Madrona considera que es lo que ocurre con el caso del barrio que promovió su padre, pues sospecha que el Puerto y el Ayuntamiento han alcanzado "un convenio previo" para desafectar esta zona y "después construir viviendas". Madrona, que es abogado de profesión, no descarta defender los intereses de los vecinos con acciones legales "si fuera necesario". Para él, las administraciones pretenden acabar "con la ética, la solidaridad y los principios por los que fue creado este barrio".
El Puerto tiene 30 días para decidir
La Autoridad Portuaria ya ha recibido el decreto de la Concejalía de Imagen Urbana por el que se declara en ruina legal la treintena de viviendas de Heliodoro Madrona. Tras la recepción del documento, el Puerto tiene 30 días para decantarse entre rehabilitar las casas o demolerlas. Una vez que comunique su decisión al Ayuntamiento, dispondrá de otro mes para solicitar licencia municipal para proceder posteriormente a la actuación elegida. Un portavoz de la Autoridad Portuaria aseguró ayer que todavía no había una decisión oficial al respecto. No obstante, hasta ahora el Puerto ha sostenido que desde el 1992 existe una prohibición de la presencia de viviendas en el interior del ámbito portuario, como es el caso de este barrio.
