Las grandes distribuidoras cinematográficas de Hollywood y las productoras audiovisuales españolas han conseguido que un juez de Alicante ordene el cierre cautelar de un total de 16 páginas de internet, una medida cautelar que se vincula a la mayor operación europea contra la piratería audiovisual por la que el pasado diciembre se detuvo a cuatro personas en la provincia por la grabación de películas en salas de cines y la posterior subida de los estrenos a internet. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, Javier Sarabia, ha ordenado la suspensión cautelar de estas páginas de descargas, a través de las cuales podían obtenerse películas, la mayoría de ellas recién estrenadas, así como videojuegos. Según la estimación de la Policía Nacional y de fuenes judiciales, el fraude económico al sector durante el año 2009 podría superar los 70 millones de euros.
Grandes distribuidoras de Hollywood, productoras audiovisuales representadas por la gestora Egeda, empresas de videojuegos y la Sociedad General de Autores son las entidades afectadas por el fraude derivado de los derechos de propiedad intelectual. Según el abogado de la acusación particular y representante de ocho firmas americanas (entre ellas la Warner, Columbia o Disney), Roberto Deltell, las empresas solicitaron el bloqueo cautelar de las páginas al entender que existía un delito contra la propiedad intelectual. Según Deltell, la sucesión de páginas a través de las cuales se efectuaban las descargas tenían un alto nivel de calidad, lo que propiciada el número de bajadas, que ascendió a unas 10.000 por cada título cinematográfico. Este tipo de archivos, según explicó, se ponen a disposición de los usuarios de intenet sin permiso de sus propietarios legítimos a través de una o varias páginas webs en las que se publica el enlace a la descarga. Según indicó, además del perjuicio económico, las acusaciones particulares estudian pedir más medidas judiciales.
Perjudicados
Otra de las acusaciones particulares es la entidad gestora de los intereses de productoras audiovisuales españolas, Egeda. Este diario intentó ayer contactar en vano con sus servicios jurídicos. Además de las distribuidorass, otros organismos perjudicados son la Sociedad General de Autores (SGAE), la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de videojuegos (ADESE) y la representante de la distribución de programas de ordenador (BSA). El perjuicio económico calculado es de 50 millones de euros en el caso de la industria cinematográfica y de 20 millones en el caso de los videojuegos y programas de software. En total, la red de descargas podría haber defraudado más de 70 millones de euros.
La mayoría de estas páginas de internet aún continúan abiertas, aunque ya han sido suspendidas otras como mejorinline.net o hellcityspain.com. El hecho de que las webs se cierren no significa que los servidores a través de los que operan (el administrador de las páginas operaba también con servidores de Francia y Alemania) estén inactivos. La medida judicial también abarca al bloqueo de las cuentas corrientes del administrador de las páginas, R.F.I. -quien tiene abierto otro proceso por el mismo motivo en un juzgado de Orihuela- al considerar el juez que existen indicios de su uso para actividades delictivas.
Los registros realizados en la operación, por la que cuatro personas fueron detenidas el pasado diciembre en salas de cine de Alicante tras la grabación de estrenos, también se saldaron con la incautación de ordenadores de mesa, un portátil, un minidisk y un equipo de grabación de alta definición.
Requerimiento a las empresas de telefonía
La orden judicial determinada por el Juez Sarabia de Alicante alcanza a las grandes empresas de telefonía móvil. Para suspender una página, estas multinacionales tienen que tener previamente una orden judicial en la que se solicita que se paralice el envío de información a la red procedente de los códigos numéricos asociados a esas páginas.
La medida llevada a cabo de manera cautelar mientras continúan las diligencias se produce en pleno debate por la conocida como "Ley Sinde", integrada en una disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible, que permite el bloqueo de páginas web de descargas ilícitas. Precisamente las dos principales asociaciones de internautas de España han anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para paralizar la normativa. Su presidente compareció recientemente en la Comisión de Cultura del Senado para plantear lo que a su juicio es un "problema muy serio" y "una cuestión de carácter económico a un desequilibrio democrático que está cuestionando incluso el propio Estado de derecho", en palabras del presidente de Asociación de Internautas.
