F. J. BENITO
El informe que ultiman los servicios jurídicos del Puerto de Alicante para determinar si se autoriza la reserva de una zona del muelle 10 para acoger el polémico botellón, de jueves a sábado, presenta serias objeciones legales para que al final pueda autorizarse la petición cursada por el Ayuntamiento de Alicante.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Campoy, ha optado por el mutismo oficial tras haber pedido tiempo para "solucionar un problema de años" -según apuntó la semana pasada-, pero fuentes portuarias conocedoras de la elaboración del estudio apuntaron ayer que, lo más probable, es que Madrid ponga objeciones a los deseos del Consistorio. De entrada, la propia Ley de Puertos (legislación aplicable a todos los puertos españoles) no contempla en ninguno de sus apartados y artículos que los recintos portuarios puedan acoger botellones, según recordaron ayer las mismas fuentes.
La precipitación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante para solucionar el tema de las concentraciones juveniles donde el objetivo prioritario es ingerir, en el 90% de los casos, alcohol, no sólo se ha topado con el rechazo generalizado de la ciudad y de expertos de la categoría del psiquiatra Bartolomé Pérez Gálvez, sino que puede acabar estrellándose contra la legislación vigente.
Cad día más dudas
Según ha podido saber este periódico, el propio Miguel Campoy, presidente del Puerto, tiene cada día más dudas e, incluso, recela de la opinión y los argumentos de la Junta de Seguridad. Para Campoy, el problema de la ubicación del botellón no se puede solucionar tan sólo desde el punto de vista técnico, "porque, además, si de consultar a los técnicos se tratara, el Ayuntamiento tiene también muchos profesionales cualificados para valorar las consecuencias del botellón más allá del punto de vista de la seguridad", apuntaron ayer fuentes cercanas a la Autoridad Portuaria.
En el Puerto sostienen que la decisión final debe pasar también por el tamiz de la política. El botellón genera una gran controversia social y la propia ciudad de Alicante no se ha quedado muda ante la propuesta de acotar una zona del Puerto para las reuniones de los jóvenes, como lo demuestran las críticas abiertas de hoteleros y hosteleros. "No es sólo una cuestión que se solventa con soluciones técnicas, debe haber un consenso social importante porque el tema es lo sumamente importante y amplio para dejarlo símplemente en manos de técnicos en seguridad".
Al margen de las consideraciones legales, la ubicación del botellón en el muelle 10 podría cortar el desarrollo turístico de la zona. La multinacional cervecera Heineken proyecta abrir una macrocafetería en la zona y junto al área propuesta por el Ayuntamiento se encuentra, por ejemplo, parte de la infraestructura de la Volvo, que tiene previsto salir desde Alicante durante los próximos diez años.
Por otro lado, hasta que se puedan trasladar los silos de cemento a la dársena de poniente del puerto, el muelle 10 se considera auxiliar del muelle 14 para la recepción de los cruceros turísticos que recalan en el Puerto, 61 el pasado año, según los datos oficiales.
NORMATIVA
La Ley de Puertos no prevé la posibilidad de "botellódromos"
En ningún otro puerto del terriotiro nacionalse celebra algo parecido a un botellón de fin de semana. Éste será, con toda seguridad, uno de los argumentos legales a los que se acoja Puertos del Estado para cuestionar la petición.
PREMURA
No ha gustado la presión del Ayuntamiento
La premura que la alcaldesa de Alicante, asesorada por sus técnicos en Seguridad, exigió a la Autoridad Portuaria para que le cediera suelo en el muelle 10 no ha sentado bien entre los rectores del Puerto.
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