MERCEDES GALLEGO
A la confluencia de intereses de todos los organismos implicados alude de continuo Ana Paz para enfatizar el trabajo que se está realizando en aras a encontrar una solución a la indefinición que, desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, planea sobre un núcleo urbano consolidado como es el edifico Rocafel y la Finca Adoc en Alicante, donde tienen su hogar miles de personas. Partidaria del acuerdo frente a la confrontación, el diálogo parece ser la consigna de esta directora general con más dosis de técnica que de política.
- ¿Cómo se le explica a propietarios de viviendas construidas y compradas con todos los parabienes legales antes de que la Ley de Costas entrara en vigor que sus casas están ahora fuera de ordenación y que incluso pueden perderlas?
Habría que ver supuesto por supuesto pero hay que distinguir dos cuestiones: lo que es el dominio público y las limitaciones que se establecen para su protección en los terrenos colindantes. En el caso de las viviendas construidas con todas las autorizaciones exigibles en su momento y a las que después se les aplicó la servidumbre fijada en la Ley de Costas, la propiedad sigue siendo privada y no hay consecuencia inmediata y directa que modifique este hecho. Sólo se impide incrementar el volumen. El Constitucional, al analizar la Ley de Costas y ver el régimen jurídico que se establecía para estos bienes, declaró constitucional esa regulación.
- ¿Aún cuando se aplique con retroatividad?
Es que eso no es una aplicación retroactiva, es un régimen jurídico transitorio. Lo que dice el Constitucional es que se ha producido una expropiación sui generis de esas propiedades, que la compensación que establece la Ley de Costas (que son concesiones de hasta 60 años) es equilibrada y que, por tanto, no hay ninguna vulneración del derecho a la propiedad. Nadie va a perder su vivienda de aquí a mañana siempre que se que haya construido legalmente.
- Pero pierden valor, surgen dificultades para venderlas...
La protección del litoral ha determinado la aplicación de una ley y claro que hay a quien no le gustan las consecuencias. Pero cualquier situación, y máxime si hay acuerdo entre todas las administraciones implicadas, va a resolverse mejor. La colaboración con los ayuntamientos es fundamental porque Costas no va a hacer nada que esté en contra del parecer del gobierno local.
- ¿Qué solución tiene prevista su ministerio para resolver el problema de grandes núcleos urbanos en esta situación, como es el caso de Rocafel en Alicante donde viven miles de personas?
Rocafel ya se construyó sobre terrenos que estaban deslindados como bienes de dominio público, aunque también es verdad que hay compradores de buena fe que quizá no se les comunicó esa situación. La solución que se le va a dar a este espacio es integral, de toda la bahía, y ya existe un convenio para el que se ha hablado y se ha negociado con la Generalitat y el Ayuntamiento.
- ¿Por dónde pasa esa solución?
Lo se que dice en ese convenio es que se va practicar un nuevo deslinde y entonces se determinarán las características de los bienes que lo integran con arreglo a la propia Ley de Costas, pero insisto en que tiene que ser una solución global.
- ¿Se puede asegurar entonces que los propietarios de estas viviendas van a tener por fin su titularidad?
Eso dependerá de las soluciones que vayan dando las administraciones a toda la bahía, que es en lo que ahora estamos trabajando conjuntamente.
- ¿Quiere eso decir que si las administraciones continúan en esa línea estos inmuebles estarán dentro de ordenación en un futuro no muy lejano?
Lo que estoy diciendo es que hay un protocolo en el que todas las administraciones hemos establecido una serie de actuaciones, pero no se pueden anticipar conclusiones porque ni tan siquiera lo hemos firmado.
- ¿Que papel juega Puertoamor en este plan integral?
Puertoamor está dentro del protocolo, está sobre la mesa. A la Generalitat ya le hemos dicho que queremos ver qué va a pasar con ese puerto que se encuentra en un espacio en el que no se ha ejecutado y que está teniendo problemas incluso desde el punto de vista medioambiental.
- ¿Está Costas a favor de esta actuación?
Lo que queremos es que se estudie, ver si su ubicación es la más correcta o si se puede encontrar otra más favorable.
- ¿Tiene sentido que una zona urbana consolidada como Rocafel se encuentre en esa situación de indefinición?
El sentido o no sentido es algo que viene de atrás. No puedo entrar en valoraciones, sólo exponer los hechos, decir lo que se está haciendo para resolver el problema y que trabajaremos para que haya confluencia de las tres administraciones. La firma del protocolo ya es algo muy positivo. Eso es lo que hay que valorar. Pero cualquier solución en la bahía tiene una vertiente técnica y otra jurídica y los trámites son muy lentos. Los deslindes, por ejemplo, tardan una media de dos años por lo que es complicado anticipar cómo va a ser el resultado antes de comenzar a trabajar en él.
- ¿Afectados por la Ley de Costas han planteado a la CE que cada caso se vea de forma individualizada, un tema que la Comisión de Peticiones está previsto que analice la próxima semana. ¿Ha contemplado la posibilidad de que, como ocurrió con el urbanismo, pueda el Gobierno ser tachado de arbitrario en la aplicación de esta ley?
Desde el año 88 los deslindes se han basado en estudios técnicos y desde esa fecha ha habido kilómetros de costa deslindada. Además, todas las decisiones de la administración pueden ser revisadas por los tribunales y en un porcentaje muy elevado han considerado que la actuación era la correcta.
- ¿Se ha replanteado el Ministerio la expropiación de las torres de Punta Llisera en Benidorm?
Seguimos considerando que la autorización que dio la Generalitat para levantar estas torres no es conforme a derecho aunque de momento los tribunales le han dado la razón. Por eso desistimos de la expropiación forzosa. Vamos a esperar a lo que diga el Supremo para ver si iniciamos un procedimiento.
- Que pasaría por la expropiación.
Si el Supremo determinara que la autorización no es válida sería la Generalitat la que tendría que adoptar las medidas necesarias para restaurar la legalidad.
- ¿En qué ha quedado el plan anunciado por la ex ministra Narbona para comprar el Cementerio de los Ingleses y la Torre del Gerro, ambos en Dénia, el edificio Ánfora en Benidorm, la factoría Plexi en el Saler y la playa de L´Ahuir en Gandía para liberar el litoral? ¿Sigue adelante, lo ha frenando la crisis o ha cambiado la política del Ministerio?
La política continúa y de hecho el año pasado se invirtió una cantidad importante del presupuesto de esta dirección general en la compra de pequeñas fincas. Una fue la del edificio Ánfora, en la Cala de Finestrat, que ya se encuentra en proceso de demolición. Lo que ocurre es que estamos en otro escenario presupuestario y ahora tenemos que primar políticas que contribuyan más a la creación de empleo que a otras cuestiones.
- ¿En qué punto se encuentran estos cinco expedientes?
La factoría Plexi están en Jurado provincial de Expropiación y l´Ahuir en Gandía, en la fase de fijación del justiprecio. En los otros dos se está en un punto más inicial. Son procedimientos que se dilatan porque hay muchos trámites y porque el dinero que podemos ofertar, o que consideramos que es el adecuado, no es aceptado.
- ¿Por qué si el Ministerio de Medio Ambiente es uno la aplicación de la normativa de Costas es tan dispar?
La aplicación que realiza el Estado no es dispar, otra cosa son las competencias urbanísticas que tenga cada comunidad. Respetando lo que marca la legislación estatal, el concepto de ordenación del territorio y el de urbanismo puede ser diferente de una autonomía a otra.
- ¿Es lógico entonces que dos comunidades unidas geográficamente como Asturias y Galicia tengan dos legislaciones tan distintas en cuanto a la permisividad para construir en la costas? Mientras en Asturias está prohibido levantar edificios a menos de 500 metros de la rasa costera, Galicia lo permite.
Asturias ha considerado que tiene que dar un tratamiento más proteccionista a su litoral y por eso ha establecido esa limitación, pero hay otras comunidades que, respetando los mínimos, optan por un mayor desarrollo urbanístico. Es algo en lo que nosotros no nos podemos meter.
- Habrá quien se sienta agraviado.
Eso habría que preguntárselo a los vecinos de la cada autonomía. Asturias está en el legítimo derecho de proteger más su litoral como también lo está quien no lo hace.
- ¿Qué grado de protección tiene la Comunidad Valenciana?
A medida que va pasando el tiempo y las comunidades se van dando cuenta de lo sensible que es el litoral, cada vez hacen más esfuerzos por protegerlo. La Comunidad Valenciana está tramitando un plan de protección del litoral, pero es un documento en el que están trabajado y no podemos entrar a valorarlo aún.
- Me refería a lo hecho hasta ahora.
La explosión del turismo es algo que no se puede obviar. En los sitios en los que ha llegado más tarde se han dado cuenta de la necesidad de protección cuando tenían menos desarrollo urbanístico.
- ¿Ve necesario modificar la Ley de Costas?
Los objetivos que persigue esta ley están aún en vigor. Sólo se ha planteado una modificación, precisamente para mejorar la situación de aquellos que habían comprado viviendas con anterioridad a su entrada en vigor y les ha afectado un deslinde, cambiando su propiedad por concesión. La modificación permite que se enajenen o transmitan esas concesiones siempre que las viviendas se hayan adquirido dentro de la legalidad. El concepto de dominio público es incompatible con el de propiedad privada, y lo que estamos haciendo es mejorar las condiciones del concesionario. Nosotros consideramos que esas viviendas tienen un valor y que el justiprecio, que es la concesión, puede trasmitirse.
- El Consell ha reclamado la gestión de las playas como Andalucía y Cataluña. ¿Qué piensa usted de eso?
Dependerá de las competencias que tenga asumidas en su Estatuto. De tenerlas, el competente es el Ministerio de Política Territorial. Pero da igual quien ostente la gestión porque la Ley de Costas vincula a todos.
- ¿Qué piensa hacer el ministerio con las dos promociones de bungalows que se levantaron en Tabarca contraviniendo la ley?
Recuerdo unos seis bungalows que se construyeron con una autorización de la Generalitat sobre los que pesa una sentencia, que creo que es firme, que confirma que el permiso estaba mal dado. Esperamos que la Generalitat actúe en consecuencia porque lo que se anula es la autorización que se dio para construir. De la otra no recuerdo la situación.
- Tras un invierno tan devastador y a pocos días de la Semana Santa, ¿tienen ya previsto los aportes de arena que precisan las playas?
Hemos tenido un invierno en el que los temporales no han dado tregua. El ministerio, a través de las demarcaciones de Costas, está al tanto de los daños que se han ido produciendo. Ya se han autorizado obras de emergencia en comunidades como Andalucía y Valencia. Pero tenemos que esperar a que los temporales terminen para conocer la situación definitiva y en ese momento se empezará a trabajar para tenerlo todo a punto.
- ¿Las banderas azules sirven para algo?
Eso habría que preguntárselo a los ayuntamientos que las tienen. De todos modos las otorga una organización independiente, privada, y tampoco creemos que sean muy importantes aunque los ayuntamientos que las tienen están muy orgullosos de ello.
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