P. ROSTOLL
Otra vez sobre la mesa. La propuesta de Compromís -el grupo que comparten en las Cortes los diputados del Bloc e Iniciativa- de liberalizar el peaje de la AP-7, la vía de pago que cruza la Comunidad de norte a sur, ha vuelto a situar en la agenda política una reivindicación histórica que se ha repetido a lo largo de las últimas dos décadas pero que, sin embargo, ningún Gobierno, ni los del PP ni tampoco los socialistas, han sido, en ningún caso, capaces de resolver. El tema se volverá a debatir ahora una vez más en las Cortes -es el asunto que más veces ha figurado en un orden del día del hemiciclo autonómico- pero, antes por los populares y ahora por el PSPV, no parece que nadie esté dispuesto a encontrar una solución para que viajar de Alicante a Castellón con parada en Valencia por vía rápida y por la costa no cueste ni un sólo euro.
La reivindicación de la AP-7 sin peaje tiene denominación de origen en la provincia. Las plataformas que reivindicaban la liberalización de la autopista de pago nacieron a principios de la década de los 90 en poblaciones de las dos Marinas -La Vila Joiosa, Altea, Benidorm, Benissa, Calp...- y, singularmente, de l'Alacantí como El Campello. Y siempre bajo el impulso de entidades ciudadanas, grupos ecologistas y colectivos locales de partidos como EU o la antigua Unitat del Poble Valencià, el embrión del actual Bloc. ¿El motivo? La carencia de infraestructuras que "salvaran" el interior de los cascos urbanos. Es decir, aliviar de tráfico los municipios y, de paso, aligerar el tiempo necesario para atravesar las localidades costeras. Liberalizar la autopista era la solución, sin duda, más ecológica y la menos costosa.
El verano y la llegada de vehículos a Benidorm era el ingrediente perfecto para las protestas. Decenas de coches colapsaban los peajes pagando el trayecto un sábado "peseta a peseta" y al siguiente con billetes de diez mil. Hasta el 95, sin embargo, ni el Consell ni el Gobierno Central -que tiene las competencias-, bajo control socialista, atendieron esa reivindicación. Y encima, tras la llegada del PP, a Aznar y Eduardo Zaplana no se les ocurrió otra solución que alargar hasta 2019 la concesión de la autopista que estaba a punto de expirar. Las Cortes Valencianas han debatido la cuestión en innumerables ocasiones pero nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato.
Ahora, a la propuesta de Compromís se ha sumado el Consell, dispuesto siempre a apuntar contra Zapatero. Los socialistas no lo consideran "urgente". Si por contra el Gobierno central estuviera al mando del PP, seguro, los diputados del PSPV se sumarían a la manifestación. La propuesta de Compromís, presentada ayer por el síndic y líder del Bloc, Enric Morera, sin embargo, pone en un aprieto a unos y a otros: plantea un "rescate" en tres fases antes del 1 de enero de 2011 y con fondos tanto del Estado como del Consell. Liberalizar toda la AP-7 costaría 50 millones, el precio de construir 8 kilómetros de nueva autovía.
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