El ex alcalde socialista de Vall de Laguar, Juan José Puchol, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia por varios delitos urbanísticos el próximo mes de mayo, por los que la Fiscalía le reclama ocho años de prisión. Puchol fue desalojado junio del pasado 2009 de la Alcaldía de este municipio de la Marina Alta tras catorce años en el cargo por el PP con el apoyo de un tránsfuga.

El juicio ya fue señalado a finales de 2008, antes de la moción de censura, pero tuvo que suspenderse al faltar una de las principales pruebas contra Puchol. El ex primer edil estaba acusado de falsificar la documentación del planeamiento urbanístico del municipio para quitar un vial atravesaba una parcela suya para colocarlo en la de otro vecino con el que tenía una clara enemistad. Hoy el popular Francisco Gilabert es el alcalde de este municipio, tras la moción de censura. Los hechos enjuiciados se corresponden a los años en los que Puchol fue el alcalde en representación de EU. En su día calificó los hechos como una denuncia política y proclamó su inocencia. Su abogado iba a pedir la nulidad de todo el proceso por tratarse de hechos juzgados.

Cuando llegó el momento del juicio, los magistrados de la Audiencia se encontraron con que los documentos originales presuntamente falsificados no estaban aportados a la causa. En su lugar, sólo había fotocopias aportadas por la acusaciones así como la documentación del Ayuntamiento. Los jueces optaron por suspender el juicio y pedir a los servicios territoriales de Urbanismo la documentación original que tuvieran sobre el expediente. Desde la Conselleria han respondido que no localizan la documentación que se les reclama y ni siquiera tienen constancia de haberla tenido alguna vez. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha decidido seguir adelante con el procedimiento a pesar de la falta de esta documentación y lo ha señalado nuevamente para la tercera semana de mayo.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario explicaron que para el proceso se utilizará la documentación de la que se dispone, al tiempo que recordaron que el ex alcalde está acusado además de otros delitos, además de la supuesta falsificación de los planos, por el que se le piden cuatro años.

El fiscal le acusa también de haber autorizado licencias de obra en suelo no urbanizable, una de ellas para él mismo. Las licencias se otorgaron entre el 18 y el 20 de julio de 1998, cinco en total en su mayoría la partida de Fleix. Asimismo, una de ellas se autorizó en La Casota, una zona declarada como Bien de Interés Cultural y, por tanto se trataba de suelo protegido. "El alcalde no hizo nada por paralizar la obra que allí se estaba realizando a pesar de la notificación a finales del año 2000 de la inscripción el Registro de Bienes Culturales", dice el escrito de acusación. Puchol se dio a sí mismo una licencia de obra en Campell, partida de Peña Llisa. El ministerio público le acusa por ello de un delito continuado contra la ordenación del territorio y pide 10 años de inhabilitación de cargo público y una multa 8.640 euros.

La Fiscalía considera también que Puchol impidió de manera sistemática a los concejales del grupo popular en el Ayuntamiento el acceso a la documentación urbanística solicitada persistentemente por aquellos durante el año 1997 vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos y a recibir la mencionada información. Según el ministerio público, esto se hizo con el objeto de cercenar y obstaculizar a la oposición. El fiscal pide otros dos años y medio de inhabilitación por un delito contra los derechos individuales.