El atasco de la Ley de Dependencia deja vacías 1.500 plazas en residencias

PINO ALBEROLA La provincia de Alicante tiene en estos momentos 1.500 plazas sin ocupar en residencias geriátricas y centros sociosanitarios debido al retraso en el desarrollo de la Ley de Dependencia, según ha denunciado Aerte, la patronal autonómica de centros residenciales de atención a la dependencia. En la Comunidad Valenciana, el número de plazas vacías se eleva a 4.000.
Alberto Giménez, presidente de Aerte, achaca esta situación "a que existe un conflicto de intereses entre la Generalitat y el Estado por los retornos económicos que produce la creación de las plazas residenciales, lo que bloquea la concesión de este servicio". Según los datos que maneja Aerte, en el caso de la prestación para cuidadores en el entorno familiar "el 74,1% lo abona el Estado, frente al 25,9% de la Generalitat". Por contra, en el caso de la plazas concertadas, "el Estado corre con el 15% de la carga financiera, el Consell con el 45,9% y los usuarios con el 39% a través del copago". Esta cifras, en opinión de Giménez, justifican que las prestaciones para el cuidado de personas dependientes en el entorno familiar sea la herramienta más utilizada en nuestra autonomía frente a otro tipo de servicios recogidos en la norma. A fin de cuentas "es lo más barato para la Comunidad, que en definitiva es quien tiene las competencias en este asunto".
Para Giménez, con la ocupación de estas 1.500 plazas vacías en la provincia de Alicante se generarían un millar de puestos de trabajo y 3.000 en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Además, según un estudio elaborado por la patronal, si se cubrieran las 4.000 plazas residenciales que actualmente están vacías en la Comunidad "el coste para las administraciones sería de 50 millones, pero los retornos directos en IVA, IRPF y prestaciones por desempleo alcanzaría los 62 millones".
Actualmente, en Alicante, Castellón y Valencia funcionan 332 residencias. Estos centros ofrecen un total de 5.200 plazas públicas, 12.000 concertadas y 8.900 privadas, según los datos que maneja la patronal Aerte.
Para el sindicato CC OO aseguran que "apostar por otras formas de ayuda distintas a las del cuidador familiar generaría más puestos de trabajo", explica la responsable de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández. De hecho, cuando la ley comenzó su andadura, "la perspectiva era la de crear unos 30.000 empleos, con todo lo que esto conlleva".
Sin embargo, para Hernández la situación choca en muchas ocasiones con la realidad "y es que muchas familias están atravesando por serias dificultades económicas a causa de la crisis y prefieren el dinero, lo que hace que incluso lleguen a sacar a sus familiares de las residencias". No obstante, la responsable de CC OO critica aspectos del desarrollo de la Ley "como el decreto de incompatibilidades" que hace que una familia que tiene reconocido un servicio no pueda optar a otras prestaciones.