PERE ROSTOLL
A Génova se le ha apurado definitivamente la paciencia. Ana Mato, vicesecretaria general del PP y responsable de Organización, citó ayer en Madrid a la dirección regional -representada por Antonio Clemente y José Císcar- y a la cúpula de su partido en Alicante -con Joaquín Ripoll a la cabeza- para tratar de enterrar, de una vez por todas, la guerra interna entre Francisco Camps y el presidente de la Diputación. Mariano Rajoy quiere paz interna para afrontar los comicios municipales y autonómicas del año que viene. Y descarta por completo, como hizo Camps en 2007, una purga en las candidaturas que dispare la tensión a las puertas de la cita electoral: todos los alcaldes -sea cuál sea su apellido orgánico- que expresen su deseo de repetir y el propio titular de la Diputación quedarán ratificados para optar a otro mandato.
La llamada a capítulo de Ana Mato se produce a petición del líder popular de Alicante después de que la dirección regional del PP remitiera a Madrid un expediente disciplinario contra el vicepresidente de la Diputación y edil en Torrevieja, Domingo Soler; pero, sobre todo, tras el conflicto de Villena, que ha dejado en minoría a la alcaldesa, la ripollista Celia Lledó, tras convertirse en tránsfugas los cinco concejales que estaban alineados con el bando campista en la guerra interna del PP.
Con este decorado, Ana Mato llamó a Madrid a las dos partes para trasladarles un mensaje claro: el resultado electoral de la Comunidad y de la provincia es prioritario para Génova y debe cerrarse una tregua con vistas a los comicios para garantizar una victoria rotunda. Primero recibió a Joaquín Ripoll a solas durante alrededor de 45 minutos. Y, con posterioridad, entraron en escena el número dos de Francisco Camps en el PP, Antonio Clemente, y José Císcar, hombre fuerte de la dirección regional en Alicante y vicesecretario general de los populares valencianos. Al tanto del encuentro había otros dirigentes del PP en la Comunidad que, en los últimos tiempos, han mantenido contactos discretos para tratar de resolver el conflicto.
No se cerraron acuerdos concretos aunque desde ambas partes si destacaron que la predisposición es "inmejorable". Todos son conscientes de lo que se juegan. Hubo un repaso sobre la situación de las 51 asambleas pendientes. En este sentido, Génova reclamó que se dé "una vuelta de tuerca más" para tratar de concretar un acuerdo en la capital entre los partidarios de Ripoll y los de la alcaldesa y aspirante a la reelección, Sonia Castedo. El presidente de la Diputación, que ya ha mantenido contactos con la primera edil, intentará concretar esa posibilidad de inmediato.
El grueso de la conversación se centró en comenzar a preparar las elecciones municipales de 2011 y, sobre todo, en ordenar el proceso de elección de candidatos para evitar que alguno de los dos bandos, en sus competencias, caigan en la tentación de ejercer una purga en las listas. Como norma general, todos los alcaldes -incluida, por ejemplo, Celia Lledó- y el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, serán ratificados para otro mandato. Algunos portavoces municipales, como el caso de Mercedes Alonso en Elche, también serán ratificados. En las localidades donde el PP no gobierna se encargarán, en función de la situación, sondeos de opinión para valorar las diferentes opciones. Con ello, Génova quiere evitar meses de dimes y diretes sobre las candidaturas y dar estabilidad a los dirigentes locales del Partido Popular.
Punto y final a los expedientes disciplinarios
Una de las cosas que Joaquín Ripoll reclamó a Ana Mato durante el encuentro fue que, de una vez por todas, se ponga punto y final a los expedientes disciplinarios impulsados desde la dirección regional del PP contra algunos de sus partidarios que mostraron, en su momento, algún interés por disputar el control de las agrupaciones a pesos pesados del campismo. En esa situación se encuentran los vicepresidentes de la Diputación Mari Carmen Jiménez y Domingo Soler; y el edil ilicitano Emigdio Tormo. En principio, todo indica que, como parte del acuerdo, esos expedientes podrían saldarse con resoluciones que no alteraran la vida interna de la formación. En la cúpula del PP de Alicante alertan de la doble vara de medir: apenas seis meses de sanción para Ricardo Costa; mientras se amenaza a ediles y dirigentes provinciales.
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