V. BUENO
Padres, alumnos y docentes evidenciaron ayer la distancia de sus respectivas posturas con motivo de la votación de la nueva ley sobre la Autoridad del Profesorado. El empate fue tal que hizo falta el voto de calidad del presidente de la mesa, el ex director general de Centros, Francisco Baila, actual presidente del Consejo Escolar Valenciano, para sacar adelante la nueva normativa.
Las confederaciones de padres Gonzalo Anaya y Covapa la consideran "innecesaria" e incluso "inconstitucional" y temen que el término autoridad se confunda con el de "poder". Además señalan ambas formaciones que un funcionario docente tiene ya asegurada su protección desde el punto de vista penal y que no hacía falta una nueva ley para reforzar su postura en el aula.
La presunción de "veracidad" que la normativa otorga al docente, frente a las declaraciones de un padre o un alumno que se vea envuelto en una situación conflictiva con el profesor, es otro de los extremos que menos comparten los padres.
Por su parte el sindicato ANPE respaldó con firmeza la nueva ley "como medida eficaz para mejorar el actual clima de convivencia en los centros", además de que supone una reivindicación de esta formación desde el año 2005 -recuerdan-.
Fete-UGT, finalmente, aunque apoyó la normativa, emitió un voto "crítico" en el sentido de solicitar que ante este anteproyecto de ley sobre la Autoridad del Profesorado se reclame al propio Consejo Escolar Valenciano un informe que señale "las carencias y deficiencias del documento y cómo se podría mejorar" porque hacen falta también -asegura el sindicato- otra serie de medidas complementarias para mejorar la convivencia.
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