La Fiscalía endureció ayer las penas solicitadas para el profesor universitario de Alcoy acusado de acceder a los correos de sus compañeros para robarles información al considerar una agravante el hecho de que el procesado sea funcionario público. Además, al delito de revelación de secretos del que le acusaba, añade ahora otro contra la propiedad intelectual. Por ello, pide penas que suma siete años y medios de cárcel, un año más de lo que reclamaba inicialmente. El juicio quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial.
El representante del ministerio público admitió que la pena solicitada es muy elevada en proporción a los hechos que se juzgan, "pero es la que legalmente corresponde". Por ello, sugirió a los magistrados la posibilidad de que pidan un indulto parcial al Gobierno para el acusado en caso de que lo vean oportuno.
El profesor acusado, Jorge L. L. defendió su inocencia durante su turno de última palabra y aseguró a los magistrados que deben tener en cuenta de que desde el principio, "han intentado eliminarme de la organización". El procesado dijo que la denuncia contra él era "temeraria" y que los mismos conocimientos avanzados que le atribuyen a él en informática "los tienen también mis compañeros". La defensa reclama la libre absolución y apunta a que las intrusiones informáticas hubiera podido cometerlas otra persona.
