La Subdelegación dice que el espigón que concentra ahora el botellón fue cedido al Puerto

S. ESCRIBANO En tierra de nadie. Dos días después de que la zona de espigón junto al Meliá volviera a llenarse de jóvenes practicando el botellón, desde las administraciones siguen pasándose la patata caliente sobre la titularidad de esta zona. La subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, aseguró que la zona en cuestión fue cedida por Costas al Puerto en 2006 y que, independientemente de que el lugar pueda ser del Estado, la responsabilidad de actuar contra el consumo de alcohol en la calle corresponde al Ayuntamiento. Mientras, desde el Consistorio aseguran que la Policía Local no tiene competencias para intervenir y desde la Autoridad Portuaria argumentan que sí las tiene y que el territorio pertenece a la Dirección General de Costas.
El caso es que las tres administraciones siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién debe actuar para impedir que decenas de jóvenes sigan concentrándose para beber. Desde el Puerto aseguran que la zona se desafectó y es de Costas, mientras desde la Subdelegación lo niegan y el Ayuntamiento dice que tampoco es suyo. Pese a que todos coinciden en que no pertenece al Consistorio, Llinares incide en que las sanciones por consumir alcohol en la vía pública son competencia municipal y que, por tanto, "es la Policía Local la que debe intervenir y en caso necesario solicitar la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía".

La incógnita de las competencias municipales
El edil de Seguridad, Juan Seva, argumenta que los agentes de la Policía Local no pueden actuar contra el botellón en el espigón porque la zona no es de competencia municipal. En el caso de que se comprobara que el territorio pertenece a la Autoridad Portuaria -el Puerto lo niega- el concejal asegura que los agentes tampoco podrían actuar hasta firmar un convenio sobre las actuaciones de la Policía Local en las zonas portuarias en el que se está trabajando desde finales de 2009. Sin embargo, desde el Puerto aseguran que en marzo ya se firmó un acuerdo por el que el Ayuntamiento se comprometió a que los efectivos municipales se encargasen de velar por el cumplimiento de las ordenanzas y las consiguientes sanciones en zonas portuarias, pues a la Policía Portuaria no le corresponde este control.
Según el edil, "hace falta un instrumento, como un convenio que faculte a los agentes a actuar en zona del Puerto". Un instrumento que, según la Autoridad Portuaria, ya existe desde hace prácticamente un año y que el concejal desconoce, aunque aseguró que se interesaría por el contenido del citado acuerdo.