La accesibilidad reunió ayer a representantes de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante (Cocemfe) con el objetivo de abordar la normativa que regula las barreras arquitectónicas. El primer Consejo Provincial de asociaciones de discapacitados, que se celebró en la Universidad de Alicante, sirvió para que los asistentes dieran su apoyo a las nuevas medidas jurídicas, aunque la mayoría aprovechó para mostrar su escepticismo sobre su aplicación real, dado los precedentes.
La jornada comenzó con Eduardo Signes, de la Agencia Valenciana para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad, quien explicó las principales novedades que aportará el Decreto 151/2009 del Consell, que entrará en vigor el próximo 7 de abril, y que reglamenta las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. "Intentamos que los organismos cumplan la normativa, y lo seguiremos haciendo, porque la accesibilidad reporta un bienestar para todo el mundo, no sólo a las personas con problemas de movilidad", explicó ayer Signes.
Por su parte, la intervención del arquitecto técnico especialista en accesibilidad, Fernando Yarza,se centró en el ámbito público. "La accesibilidad debe ser el eje de las políticas públicas sobre la discapacidad, ya que la primera barrera siempre es la física", indicó. El especialista, tras resaltar varios ejemplos del incumplimiento de la actual normativa, señaló que toda mejora en la accesibilidad debe ser "respetuosa, segura, saludable, funcional y estética". Recordó que se debe construir "para evitar parches en un futuro".
La visión más positiva llegó de la mano de la responsable de la Oficina de Información y Orientación al Discapacitado del Ayuntamiento de Elche, Asunción Fenoll, quien mostró por qué el municipio recibió el Premio Reina Sofia de Accesibilidad en 2008. Tras las intervenciones de los tres ponentes, en el turno de debate, los asistentes apoyaron las nuevas normativas que sean beneficiosas para las personas con movilidad reducida, aunque dejaron constancia de que existe demasiada regulación (local, autonómica y nacional) y tan sólo haría falta que las administraciones obligasen a su total aplicación.
Discapacidad intelectual
El Consell celebró ayer la primera prueba de España adaptada a personas con discapacidad intelectual para acceder a la función pública, que ofrece quince plazas.
