El Júcar obliga a instalar el alcantarillado en las pedanías

CLARA R. FORNER Los vertidos que realizan algunos vecinos de las partidas rurales a los cauces naturales cuando se llenan las fosas sépticas de sus viviendas han llevado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a amenazar al Ayuntamiento de Alicante con una sanción millonaria si no acomete ya la instalación de colectores de aguas residuales en las pedanías alicantinas. Ante este requerimiento, el concejal de Partidas Rurales, José Antonio Sobrino, mantiene contactos ya con Aguas de Alicante y se reunirá con la CHJ para buscar una solución, ya que advierte de que el Ayuntamiento no puede asumir el alto coste de estas obras que, según asegura, podrían alcanzar los treinta millones de euros de presupuesto.
La Confederación ha remitido a la Gerencia de Urbanismo varios escritos exigiendo que se paralice el procedimiento de autorización del vertido de aguas residuales en partidas rurales como Monnegre, el Pla de la Vallonga o el Rebolledo. Fuentes del departamento que dirige Antonio Sobrino indicaron que el problema reside en que, a partir de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, se exige la instalación de colectores en los núcleos rurales. Además, apuntan, aunque la mayoría de los vecinos vacían correctamente sus fosas sépticas contratando camiones cuba, sin embargo hay algunos que quieren ahorrar este coste realizando vertidos en los cauces próximos.
Hay zonas rurales como los núcleos urbanos del Moralet, el Bacarot, Rebolledo o Santa Faz que sí tienen alcantarillado, pero el resto todavía no dispone de canalización. Actualmente hay censados unos ocho mil residentes en las partidas rurales, a los que hay que sumar una gran cantidad de población, no cuantificada, que tiene viviendas de segunda residencia.
La canalización del Rebolledo es el colector de 14 kilómetros que se instaló desde Monforte y en esa partida ya no se otorgan licencias de obras si no se conectan al colector. En total, en Alicante existen once partidas rurales, incluyendo la isla de Tabarca, que sí dispone de una planta que trata las aguas residuales.
Ante el requerimiento del departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, el concejal Antonio Sobrino explicó ayer que ya ha iniciado contactos con la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante con el fin de abordar un plan para comenzar a redactar los proyectos para instalar el alcantarillado en las partidas.
Además, el edil manifiesta que "habrá que alegar" contra el requerimiento de la Confederación y tiene previsto solicitar también una reunión "para explicarle la inviabilidad" que tiene el ejecutar en poco tiempo las canalizaciones en todas las partidas, sobre todo dadas las dificultades de financiación que atraviesan los ayuntamientos.

Sin dotación
El edil advierte de que este mismo año será "imposible" acometer las obras en ninguna de las pedanías, dado que no se ha previsto este elevado coste en ningún presupuesto. Sobrino apunta la necesidad de que "alguien -el Gobierno o la Unión Europea- financie estas obras".
"Habrá que ir presentando los proyectos para hacerlo poco a poco, sobre todo en partidas como La Alcoraya o El Moralet, que es inmenso y está totalmente diseminado". Además, recuerda que hay zonas como Finca San Jaime que son de propiedad privada y habrá que tramitar los permisos para la ocupación de los terrenos por donde discurran los colectores.