Los promotores señalan que hasta 2015 no tendrá efecto

F. J. B. / C. R. F. / J. M. El secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas (Provia), Jesualdo Ros, valoró ayer positivamente el borrador de la futura Ley Urbanística Valenciana y, sobre todo, "si sirve para agilizar los trámites del desarrollo urbanístico tal como nos han trasladado desde la Generalitat". Ros advirtió, no obstante, de que "es pronto para pronunciarnos. Vamos a estudiar el texto, presentaremos nuestras sugerencias y espero que, al final, salga una ley buena para todos. Cierto que, por lo que hemos visto, presenta cambios importantes que hay que verlos a fondo porque hablamos del urbanismo del futuro, a partir de 2015, ya que hasta entonces vamos a seguir trabajando con la legislación actual, puesto que la nueva ley no tendrá carácter retroactivo". El secretario general de Provia no quiso valorar cambios propuestos como la eliminación de los convenios entre Ayuntamiento y promotor.
Por su parte, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, manifestó que "en 2006 ya se decía que fuera del Plan General no se podían ejecutar planes que recalifiquen el suelo". De hecho, agregó, el auto del Tribunal Superior de Justicia que ordena la paralización del Plan Rabasa "se basaba en esta normativa". Sanus valoró positivamente el anuncio de ayer y aseguró que no tendrá incidencia sobre el nuevo Plan General de Alicante, pues, aunque hay previstos unos terrenos que se podrán recalificar junto al término de San Vicente del Raspéig, el gerente apuntó que se mantienen como rústicos para coordinar la actuación que ahí se realice entre los dos municipios. La recalificación, indicó, se podrá aprobar a través de una modificación puntual del Plan General.
Por su parte, en el Ayuntamiento de Elche, el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, señaló que, de momento, su departamento desconoce la nueva propuesta del conseller Cotino, pero afirmó que "un cambio en la legislación urbanística es absolutamente necesario, y no es sólo una opinión política, sino de todos los operadores implicados en urbanismo".
El edil recordó que el fallecido conseller García Antón planteó en su momento un pacto entre las partes para mejorar la legislación al respecto. "Si la senda que emprende Cotino es ésa, la del diálogo con las fuerzas políticas y sociales, entonces es positivo". Alejandro Pérez apuntó, además, que los distintos entes implicados "coinciden en que la legislación Blasco es farragosa, de difícil interpretación y ha generado muchos más problemas que beneficios", subrayó Pérez.
Por otro lado, y en relación con el proceso abierto en el Tribunal de Luxemburgo contra la actual legislación urbanística del Consell (la nueva ley responde en parte a las denuncias llegadas desde Bruselas), fuentes de la Generalitat aseguraron que no esperan ni sanción, ni condena. El Parlamento Europeo aprobó el 26 de marzo de 2009, por tercera vez en los últimos cuatro años, un informe que condena la política urbanística seguida en España y, especialmente, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía, donde, según un trabajo coordinado por la eurodiputada verde Margrete Auken, la legislación vulneraría los derechos de los propietarios del suelo en los procesos para desarrollar planes urbanísticos. El informe exigió cambiar la legislación.