F. J. BENITO. VALENCIA
El vicepresidente de la Generalitat y responsable de la política urbanística, Juan Cotino, presentó ayer el borrador de la futura Ley Urbanística Valenciana (LUV) que absorberá toda la legislación actual y cuyo objetivo, según el Consell, es agilizar la tramitación del desarrollo urbanístico y devolver a los Ayuntamientos toda la iniciativa a la hora de planificar el territorio. Potestad que en los últimos años había recaído casi al cien por cien en la iniciativa privada tras la creación de la polémica figura del agente urbanizador, un promotor privado con capacidad para diseñar planes y plantear recalificaciones de suelo sin contar con los propietarios, ni con el propio Consistorio, que, en ocasiones, se encontraba con el Plan de Actuación Integrada (PAI) en la notaría.
A partir de la aprobación de la ley -Cotino quiere contar con el texto definitivo este mismo verano-, sólo se podrá recalificar suelo en los Planes Generales, que estarán blindados durante un año y cualquier proyecto posterior que represente un incremento del 20% en población o suelo urbanizado sobre lo aprobado en los dos últimos años deberá incorporarse en el Plan General. Con estas condiciones no hubiera sido posible, por ejemplo, aprobar el macroplan de Rabasa, hoy paralizado por un juez.
Desaparecen también los convenios urbanísticos entre Ayuntamiento y promotor y, entre otras novedades, el propietario cuyo suelo quede integrado en un plan urbanístico podrá renunciar a sufragar los costes y deberá ser indemnizado por la Administración. Hasta ahora, el problema se le presentaba con el urbanizador privado, que en muchas ocasiones acababa por quedarse con el terreno en las mejores condiciones, todo de forma legal y amparado por una ley que ahora se quiere modificar.
El vicepresidente Cotino avanzó que el borrador está ya en manos de los promotores, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el PSPV y en internet. La Generalitat ha establecido de plazo hasta el 22 de marzo para recibir sugerencias. Éstas se enviarán a los tres catedráticos que han redactado una ley que el Consell quiere aprobar en esta legislatura. La futura Ley establece también que sólo se recalificará como urbanizable el suelo cuyo desarrollo esté justificado y las modificaciones avaladas por los técnicos.
Por otro lado, los promotores ven recortada su capacidad de maniobra con la derogación de un artículo que se anuncia ya como polémico, si queda como está. Una de las disposiciones transitorias del borrador recoge que todos los planes urbanísticos aprobados, que no se hayan iniciado en un año, quedarán anulados automáticamente y el suelo volverá a ser no urbanizable. Otra de las "desapariciones" en la normativa es la política del "metro por metro", por el cual un promotor debía compensar a los ayuntamientos con la misma cantidad de suelo que éstos le recalificaran.
La legislación suprime también el concierto previo, documento anterior al PGOU, en el que se diseñan las grandes líneas urbanísticas de los municipios y que, en la práctica, se ha convertido en un instrumento que termina por bloquear el desarrollo de suelo. La nueva ley absorberá, entre otras, a la Ley de Ordenación y Protección del Territorio y Paisaje, que se había convertido en otra rémora al exigir, por ejemplo, que los promotores presentaran estudios de paisaje, incluso, cuando se trataba de construir un edificio de viviendas en el solar de un calle.
La limitación de las competencias del urbanizador impedirá que una promotora pueda presentar un Plan de Actuación Integral sin contar con el suelo, ni tener relación alguna con los propietarios de las parcelas e, incluso, las viviendas allí levantadas tienen que asumir los costes de su urbanización. Esta figura ha motivado que el Tribunal de Luxemburgo haya abierto causa contra España ante las denuncias presentadas.
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